Sáez espera que Amoedo confirme que no se cerrarán los consultorios rurales

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, garantizó este viernes que dará toda la información que sea precisa al Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, que ha solicitado datos sobre el Plan de Reordenación de Recursos Humanos en Atención Primaria para comprobar que es «acorde» con el derecho constitucional a la salud.

«La tendrá (la información). Por supuesto», aseveró el consejero que, en declaraciones recogidas por europapress.es, expresó su confianza en que el informe de oficio que ha iniciado Amoedo confirme que las zonas en las que ya se ha aplicado la reordenación no se han producido cierres ni de consultorios ni de centros de salud y que el servicio se mantiene igual, «al igual que donde se va a producir».

El consejero insistió en todo momento en que se trata de una actuación de oficio por parte del Procurador del Común que se ha interesado por conocer todos los aspectos que contempla el Plan de Ordenación en Atención Primaria.

Amoedo ha solicitado que se la relación de Zonas Básicas de salud afectadas así como las previsiones de plazas vacantes por jubilación y cobertura de plazas vacantes tanto de médicos como de enfermeros en Castilla y León, y en particular de las afectadas por ese plan.

Igualmente, el Procurador se ha interesado por la relación de medidas a adoptar por la Consejería para garantizar, en los centros afectados por la reducción de médicos y enfermeros, que la prestación de servicios en cuanto a consultas, periodicidad de las mismas, horarios e intensidad «sea la misma» con la que se contaba antes de la aprobación del Plan.

También se pronunció ayer sobre la reordenación sanitaria el coordinador territorial de Unión Progreso y Democracia en Castilla y León, Rafael Delgado, quien mostró su preocupación ante la posibilidad de que la reforma merme los servicios en el medio rural.

La formación magenta reconoce un cambio demográfico con una continua disminución de población en el medio rural, en el que quedan las personas de más edad y en consecuencia más necesitada de servicios médicos, frente a una población más joven asentada en torno a los grandes municipios.

UPyD cuestiona los parámetros aplicados por la Consejería de Sanidad para llevar a cabo esta transformación sanitaria y teme una reducción de la calidad asistencial fuera de los núcleos urbanos.