El Concejo General recurrirá el precio público por los servicios a las pedanías

El Concejo General de León se mostró ayer en contra de que la Diputación imponga un precio público por la asesoría a las Juntas Vecinales para la rendición de cuentas, una medida aprobada el pasado miércoles en el Pleno y que será recurrida por la Federación de Pedanías. «Queremos colaborar con las administraciones pero tenemos el mandato de defender las juntas vecinales, y aunque 150 euros no parezca mucho, pretenden cobrar un servicio que deben prestar a las pedanías y que, por ejemplo, no cobran a los ayuntamientos», señalaron ayer fuentes del Concejo General de León, que mostraron su satisfacción porque la Diputación haya reconocido que la implantación de una tasa «era absolutamente ilegal».

El colectivo solicita a la institución provincial que, en vez de cobrar por prestar el servicio, «financie una campaña de formación en 2014 para que todas las juntas vecinales puedan rendir cuentas a tiempo». Se trata, según señaló ayer el Concejo, de que las administraciones públicas se impliquen para modernizar a las pedanías, tal y como se ha fomentado en los ayuntamientos. Para los representantes del colectivo, «León no se puede permitir que siga un porcentaje muy alto de juntas vecinales sin rendir cuentas, por lo que es necesario establecer una campaña de información y de formación a todoslos alcaldes pedáneos para que sean conscientes de la necesidad de modernizarse y rendir cuentas». De hecho, a fecha de ayer, sólo han cumplidos un 50% de las pedanías de todo el Estado, un porcentaje sensiblemente inferior en León, donde se concentra un tercio de todas las juntas vecinales. En este sentido, la Federación, que agrupa ya a 200 localidades, reiteró la necesidad de que los pedáneos se sientan apoyados en su labor y recalcó que su formación es esencial para poder afrontar los retos de las exigencias legales.

Asimismo, la Federación está también en contra de que la Diputación «quiera trasladar ahora la prestación del servicio del SAM a los ayuntamientos», cuando «su razón de ser, sobre todo en León, es apoyar a las juntas vecinales, máxime cuando la nueva legislación le otorga más competencias precisamente en el apoyo a los servicios de los pequeños municipios».

Finalmente, el colectivo de juntas vecinales reiteró ayer su petición de mantener una reunión urgente con la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, «para poder tratar todos estos temas desde un espíritu de colaboración interadministrativa».