Un juez anula el proceso de la pedanía para quedarse con parte de una finca

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León ha anulado la recuperación de oficio de un terreno que había realizado la junta vecinal de Pedrún de Torío (municipio de Garrafe de Torío), al no concurrir las circunstancias para iniciarlo al no tratarse de un terreno público. Además, condena a la pedanía a pagar 5.700 euros de indemnización por haber derribado el cerramiento del terreno en litigio.

Se da la circunstancia de que el pedáneo de Pedrún y concejal en Garrafe de Torío, Fulgencio Bandera, de la UPL, presentó en febrero una denuncia penal ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por la posible utilización de fondos públicos y mano de obra municipal para acometer la obra de un muro de contención para proteger un camino en supuestos terrenos privados en Palacio de Torío.

En su sentencia, el titular del juzgado explica la facultad de las administraciones locales para iniciar un proceso de recuperación de oficio de terrenos públicos sin necesidad de recurrir a la tutela judicial, si bien esta potestad se ejerce sobre «bienes perfectamente identificados» y cuya posesión pública sea «inequívoca e indudable». Tras aclarar esta competencia, el juez valora el caso particular —que se sitúa en la calle Real, a la altura del número 23—, en el que la pedanía actúa «tras apreciar» que el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación y el Ayuntamiento de Garrafe no aprecian la naturaleza pública del terreno, «sino que más bien se pone en duda en el seno de un expediente abierto a la recurrente por posible infracción urbanística», que no fue probada.

Las testificales

Además, «llama la atención» las declaraciones testificales se cubran se redacten por medios informáticos «dejando libres los espacios para identificar a los intervinientes», que se rellenan a mano, excepto si esa declaraciones «ya estuvieran preparadas en el momento de ser firmadas por los testigos, conclusión a la que contribuye que la redacción de la declaración de cuatro testigos [...] sean idénticas». Además, en el acto del juicio, los testigos que firman los testimonios «sostienen que el terreno siempre fue propiedad de la actora y usada por su familia».

Por otra parte, el inventario de bienes de la junta vecinal «no se incorporó al expediente» de recuperación de oficio» del terreno y «tampoco determina por sí la situación posesoria ni la titularidad». Si consta que en el año 2009, la demandante obtuvo licencia del Ayuntamiento de Garrrafe para acometer la obra de cerramiento del terreno. La inscripción catastral «incluye el terreno dentro de la finca» de la recurrente y la Normas Urbanísticas Municipales alinean la finca «incluyendo el terreno» en la parcela privada.

Al no aparecer «acreditada con suficiencia ni la titularidad pública del terreno ni su uso público [...] no concurre un elemento esencial para que la Administración pueda ejercer esa potestad excepcional» de recuperación de terreno público, por lo que se anula el expediente de la entidad local menor, concluye la sentencia.