Las Cortes aprueban la Ley Agraria, diseñada para rejuvenecer el campo

Las Cortes autonómicas alumbraron ayer la primera ley Agraria de Castilla y León con la que se busca rejuvener un sector prioritario para la comunidad y reforzar la condición de agricultor activo. La normativa se aprobó con el consenso de PP, PSOE y UPL y la abstención de IU, a cuyo parlamentario trataron de convencer hasta el último momento para que no se quedara solo. El pleno se cerró con una ovación cerrada de los procuradores a una ley que se define «de comunidad, de todos y para todos».

El debate, que abrió la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, con la exposición de las novedades de la norma, sirvió para escenificar el acuerdo de PP, PSOE y UPL, con un amplío capítulo de agradecimientos al que se sumaron todos los oradores y para exponer las mejoras realizadas y que será una ley útil para el sector, cuyos representantes se encontraban en la tribuna de invitados del hemiciclo.

La consejera de Agricultura y Ganadería afirmó que la ley da respuesta a una aspiración histórica del sector, aseguró que no tiene equivalente en España, añadió que sólo existen normativas similares en País Vasco y Cataluña y comparó el texto que se aprueba en Castilla y León con el código agrario de Francia.

 

Aplicación inmediata

Durante la presentación de la ley, Clemente se comprometió a abordar de manera inmediata el desarrollo de la norma y el reglamento de las explotaciones agrarias, su registro único, la concentración parcelaria y la ordenación de los recursos agropecuarios. «Damos un paso importante hacia el futuro y ponemos en manos de los agricultores y ganaderos una herramienta que, junto con su esfuerzo, harán que el sector siga jugando un importante papel en la construcción de una comunidad más próspera», destacó.

La consejera resaltó como rasgos de la ley la apuesta por el rejuvenecimiento del sector, del que dijo que en los años de crisis ha crecido un 2% cuando el PIB regional cayó, la creación de un Fondo de Tierras Disponibles, la mejora de la competitividad de las explotaciones, la obligatoriedad que se otorga al agricultor activo, la lucha contra las plagas agrícolas, la regulación de infraestructuras, los planes de ordenación de zonas y la figura del defensor de la cadena alimentaria.

La definición de la ley como una de las más importantes de la legislatura y de otorgar al sector un carácter estratégico fueron argumentos expuestos tanto por la consejera como por el socialista Juan Luis Cepa y el popular Óscar Reguera, que calificó además el texto de «útil y ambicioso para agricultores y ganaderos».

Cepa reconoció el esfuerzo para la mejora de la ley, dado que su grupo presentó 174 enmiendas y sólo llegaron 45 al pleno, y consideró que se da una «orientación más exigente y trasversal», donde resaltó el impulso a la investigación, que se incluyan artículos para el desarrollo rural, que se priorice la incorporación de jóvenes y mujeres, que se recojan estrategias de lucha contra la despoblación y que se fomente el reconocimiento social de la actividad agraria.

El socialista lamentó la falta de acuerdo sobre las concentraciones parcelarias privadas —donde mantuvieron las enmiendas—, punto en el que han incluido la financiación mínima de la Junta de un 25% del coste, bonificaciones especiales de un 20% para jóvenes y mujeres que se incorporen o fraccionar los pagos en cinco años.

El parlamentario de IU, José María González, advirtió de que la Ley «llega tarde», por lo que ha decidido abstenerse en la votación. Alejandro Valderas, de UPL,indicó que la Ley cuando se desarrolle «va a ser útil» y va a contribuir al «asentamiento de la población rural» en una comunidad con «un territorio amplísimo».