Alonso pide aclarar con la Diputación las competencias sobre el servicio de basura
El Procurador del Común mantiene que la situación actual está al margen de la ley.
La situación en la que se encuentra el servicio de recogida de basuras en Astorga, cuyo contrato y las prórrogas ya están vencidas, se mantiene a la espera de clarificar algunos conceptos e interpretaciones sobre la nueva ley para tratar de dar una solución al panorama actual.
La alcaldesa de la ciudad, Victorina Alonso, confirmó ayer que ha solicitado una reunión con el presidente en funciones de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, «para aclarar las competencias sobre la prestación de este servicio». No obstante, la regidora aseguró que aún no hay fecha para el encuentro, pero en todo caso si se determina que es la institución provincial quien debe gestionar la recogida de residuos «esperaremos a que tome la decisión», aseguró Alonso, si de los contrario le corresponde al Ayuntamiento «de forma inmediata nos podremos a trabajar con los grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo y sacar adelante el nuevo pliego».
Al respecto, la socialista reconoció que antes de que se aprobara la Reforma Local, «las negociaciones, aunque con ciertas dificultades, ya estaban avanzadas entre los tres grupos municipales, PSOE, PP y PAL», y añadió que según la interpretación y el informe de los técnicos municipales sobre esta normativa, «le corresponde a la Diputación prestar el servicio», que según aseguró «ahora se encuentra en una situación alegal».
La respuesta
Sin embargo, el martes se conoció una notificación que el Procurador del Común remitió a la formación de Izquierda Unida de la ciudad, después de que ésta le presentara una queja por la situación en la que se encuentra la gestión de la recogida de basuras. Una contestación, donde el defensor de los ciudadanos aclara que «la situación se halla al margen de la ley» y donde explica que «es competencia de los municipios prestar el servicio».
De ahí que ayer tras analizar con detalle la notificación, Alonso pidiera al procurador que volviera a revisar el expediente, aunque éste, según confirmó la alcaldesa, «reiteró que mantiene su informe y su análisis». No obstante, la regidora defendió que «la ley es interpretable» y reconoció que «el defensor de los ciudadanos también comparte esta afirmación y apuntó que su resolución no es vinculante».