FONDOS MINEROS
La vía judicial devolvería a León los fondos del anterior Plan del Carbón
Convenios por 91,5 millones estaban pendientes de la última firma en el 2011.
Imagen de archivo del carbón apilado en las inmediaciones de la central térmica de La Robla.
El fallo de la Audiencia Nacional por el que el Principado de Asturias recuperará los fondos mineros que suspendió el Gobierno de Mariano Rajoy permitiría a otras comunidades afectadas, entre éstas Castilla y León, sumarse a la reclamación de que se repongan las cantidades, correspondientes a los años 2012 y 2013, según indicó ayer Foro Asturias, que promovió el proceso judicial.
Esta circunstancia permitiría a Castilla y León hacerse con los 233,8 millones de euros que quedaron pendientes de ejecutar en el anterior plan del Carbón y que deberían haberse invertido en proyectos de infraestructuras para las cuencas mineras de León y Palencia. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha optado por negociar para recuperar los 63 millones que había adelantado para la ejecución de infraestructuras frente a la opción de reclamar por vía judicial los fondos comprometidos.
En concreto, en el 2011 se habían tramitado convenios por un total de 91,5 a los que sólo faltaba la última firma del Ministerio de Industria. Además, otros 55 millones estaban aprobados en la Comisión de Cooperación y destinadas a 16 actuaciones diferentes. Otros 87 millones de euros estaban pendientes de que se asignaran a nuevos proyectos.
El Ejecutivo asturiano anunció el miércoles la desestimación del recurso del Gobierno central contra la sentencia que reconocía el derecho del Principado a recibir hasta 213 millones correspondientes al ejercicio del 2011, a los que podría sumarse los 120 millones que prevé reclamar la Administración autonómica por 2012 y 2013.
Según informó ayer Efe, el senador de Foro, Isidro Martínez Oblanca, y el portavoz adjunto en la Junta General, José Antonio Martínez, recordaron ayer el proceso seguido por la reclamación judicial planteada por el Ejecutivo que presidía Francisco Álvarez-Cascos contra la «injusta e ilegal» decisión del Gobierno de Rajoy.
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo había admitido los principales planteamientos del Principado al estimar que la anulación del pago de los fondos mineros comprometidos con Asturias no respondía a una «imposibilidad económica sobrevenida».
La Abogacía del Estado recurrió la sentencia ante la Audiencia Nacional, que en su primer Consejo de Ministros, en diciembre de 2011, suspendió el pago de los fondos mineros destinados a infraestructuras, y el Principado reclamó, por su parte, que se le obligase a cumplir temporalmente la sentencia dado el perjuicio social y económico causado con este retraso.