La Cepeda rechaza el plan de extinción de incendios y lo tacha de «disparate»

Las primeras críticas al plan de extinción de incendios en los pueblos que perfila la Diputación no se han hecho esperar. Una de las que ha elevado la voz ha sido la Mancomunidad de La Cepeda que niega de manera tajante que haya admitido asumir el servicio de extinción de fuegos urbanos propuesto desde la institución provincial al considerarlo «un disparate».

El presidente de la entidad que agrupa a cinco ayuntamientos, Evangelista García, aseguró que «jamás hemos contestado favorablemente a hacernos cargo del servicio en esta zona». Es más la comarca rechaza el planteamiento pactado por la Junta y la Diputación que «deja en manos exclusivamente municipales la responsabilidad ante cualquier incendio sin ni siquiera contar con bomberos profesionales», argumentan.

Con este panorama, la entidad reclama que la Diputación cumpla con su propia normativa aprobada hace 14 años y que «les obligaba ya entonces a poner en marcha un parque comarcal de bomberos profesionales en la zona de Astorga- La Bañeza», insisten, además de exigir a la Junta que ejerza sus obligaciones en base a la Ley de Protección Ciudadana del 2004 que «jamás ha desarrollado».

El diputado socialista y alcalde de Villaobispo de Otero, Joaquín Llamas, comparó este modelo con el de la limpieza de las carreteras en caso de nevadas y que en la realidad supone que «ambas instituciones se limiten a esperar a que los alcaldes resolvamos todos los problemas y, si no lo hacemos, nos llevamos las críticas», denunció el regidor, que recordó que en el caso de los bomberos la Diputación no se dirigió a las mancomunidades sino a los ayuntamientos y los de La Cepeda rechazaron una respuesta favorable. «No tenemos previsto prestar el servicio por ser competencia de la Diputación que usted preside», así, según señalan, respondieron a Isabel Carrasco en la consulta elevada por escrito y firmada en enero. Entonces también pidieron que «en la mayor urgencia se desarrolle la red de parque de bomberos, cumpliendo así con el derecho constitucional de la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente».