La jueza investiga al alcalde por la obra del antiguo cuartel de la Guardia Civil

El Juzgado de Primera Instancia de Sahagún ha iniciado las diligencias previas contra el alcalde, el popular Emilio Redondo, a raiz de las obras de acondicionamiento del antiguo cuartel de la Guardia Civil. La investigación judicial se ha iniciado a petición del Ministerio Fiscal, que le acusa de un delito de prevaricación administrativa. El proceso se inició cuando los portavoces de los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento facundino, PSOE, UPL y UPyD, decidieron poner en conocimiento de la Fiscalía las actuaciones del alcalde respecto a la obra.

Según señaló ayer el portavoz de UPyD, Ramón Rodríguez de Alaíz, la intervención «se ha realizado con total opacidad hacia el resto de las fuerzas políticas» y denunció que «después de un año de preguntas, carecemos de información sobre el coste de los trabajos, permisos por parte de las instituciones así como los procedimientos llevados a cabo para la contratación de la obra».

De la misma opinión es el portavoz del PSOE, Lisandro García de la Viuda, quien afirmó ayer que decidieron actuar al considerar que «las obras no se ajustaban a Derecho». De hecho, el Grupo Municipal Socialista está planteándose personarse como acusación particular en el proceso.

La titular del Juzgado de Instrucción de Sahagún había citado para ayer mismo a los tres portavoces para tomarles declaración, aunque la citación finalmente fue suspendida debido a que la jueza está recabando más diligencias en el proceso, según García de la Viuda. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se enfrenta a un proceso sancionador de la Comisión Territorial de Patrimonio como presunto responsable de una infracción de la Ley de Patrimono Cultural por las obras del antiguo cuartel.

La oposición recuerda que el alcalde y procurador en las Cortes de Castilla y Leónya tiene pendiente otro proceso judicial, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por su condición de aforado, por un presunto caso de malversación de caudales públicos en relación con una subvención de 47.000 euros otorgada por el Plan de Sequía de la Diputación. Los socialistas, que sí se han personado en esta causa, pendiente de apertura de juicio oral, aseguran que existen facturas correspondientes a una obra de captación de agua «sin proyecto ni certificación».