La tardanza de los títulos y las becas levantaron las sospechas
El caso de las matrículas falsas de Formación Profesional del centro privado Tierras de La Bañeza, al que la Junta de Castilla y León retiró la licencia para impartir enseñanzas oficiales tras conocerse el escándalo, se conoció después de que los alumnos detectaran una tardanza en el envío de los títulos para cuya obtención se habían matriculado, aunque de forma fraudulenta, y después de que se denegaran becas a quienes pensaban cursar de manera oficial la formación y su matrícula no se había remitido al centro público del que dependía Tierras de La Bañeza.
El caso llegó a las Cortes de Castilla y León, pero la acción principal la protagonizaron aquellos alumnos de distintos puntos de España que se organizaron en una plataforma y que tras una multitud de escritos dirigidos a la Dirección Provincial de Educación, de concentraciones, cartas para recabar apoyos —incluso fueron a la fiesta minera de Rodiezmo para entregar un dossier al entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero— y otras medidas de presión consiguieron finalmente que Educación reconociese las calificaciones obtenidas en los exámenes recogidos en el centro privado y de las prácticas precisas para obtener la titulación tanto en la enseñanza presencial —en la que también se detectaron irregularidades— y a distancia que impartió el centro.
La asignatura pendiente
También se logró que los alumnos pendientes de aprobar asignaturas correspondientes a los ciclos formativos que cursaban tuvieran acceso a pruebas convocadas expresamente para este caso. Hasta el momento, sólo quedaba pendiente como asignatura pendiente del caso finalizar el proceso judicial por estafa continuada contra los directivos del centro.