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Una comunidad de vecinos denuncia la actividad «ilegal» de carbón y leña

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JOSÉ Mª CAMPOS | BOÑAR
León

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La comunidad de propietarios de la calle Guardo cinco de Boñar ha presentado una denuncia contra el ayuntamiento por dar licencia ambiental para el desarrollo de la actividad de almacén de stock para combustibles sólidos de pellets de madera y carbón a una empresa que cuenta con una nave donde se desarrolla esta actividad que está junto al bloque de viviendas. El presidente de la comunidad de vecinos Rafael Coque dice que les parece imposible que ningún técnico haya podido informar favorablemente esta actividad desde el punto de vista urbanístico dado que las normas urbanísticas municipales señalan que respecto de las «condiciones particulares en caso de edificio de uso distinto al global de la zona. Sin que en ningún caso se permita el almacenaje al por mayor de productos inflamables o explosivos en locales que sean contiguos a la actividad residencial, debiéndose situar en estos casos dentro de una zona de uso productivo». Los vecinos llevan meses exigiendo al ayuntamiento la paralización de esta actividad. Recuerda que existe dentro del propio núcleo de Boñar zonas destinadas a uso industrial.

También se indica que los vecinos tienen que soportar ruidos derivados de la actividad como trabajos con moto sierras, entrada y salida de camiones o polvo generado por la corta de la leña y el movimiento de carbón.

Coque recuerda la peligrosidad de esta instalación junto a sus viviendas dado que la normativa deja claro que la actividad que se está realizando es peligrosa dado que «se trata de un almacén de sustancias muy combustibles, susceptibles de causar un incendio e incluso causar una deflagración afectando a vidas humanas si se dan las circunstancias».

El portavoz del PP en el ayuntamiento Amable Pascual preguntó en el último pleno sobre una resolución en que se hace constar una denuncia de la comunidad de vecinos contra el ayuntamiento «cuando considerábamos que era un tema privado». El teniente alcalde de Boñar Ignacio Fuertes dijo que la denuncia es contra una resolución que «se ha realizado por alguien que considera que es injusta».

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