santa maría del páramo
El juez ordena paralizar el traslado de las balas de basura y su vertido al CTR
El auto atiende las medidas cautelares solicitadas por 11 municipios del entorno.
Vista aérea tomada el pasado fin de semana de las balas de basura, parte de las cuales ya han sido retiradas.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de León ordenó ayer la «paralización inmediata» del traslado de las balas de basura de la Finca El Busto de Santa María del Páramo al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, así como la prohibición del vertido directo de los deshechos en el vaso. Una medida cautelar que poco se ha hecho esperar y que llegó apenas unas horas después de que el Órbigo y La Cepeda presentaran la denuncia.
En el auto del juez queda reflejado que las dos mancomunidades recurren el acuerdo de la Asamblea del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul), del pasado 29 de julio en la que se aprobó el traslado de las balas. Desde que éste se inició, hace menos de un mes, son muchas las voces críticas que se han alzado contra la decisión.
Del documento también se desprenden los argumentos presentados por las mancomunidades para fundamentar la urgencia de la medida. Así desde el Órbigo y La Cepeda alegaron que «si no se paraliza el traslado de esa ingente cantidad de basura, los posibles perjuicios medioambientales resultarán patentes».
Además, en el auto se recoge que en el centro de tratamiento de residuos, según su licencia ambiental, sólo se permite el depósito de aquellos restos que tras su tratamiento no permiten otro aprovechamiento y alude a una sentencia del mismo Juzgado, fechada en diciembre del 2012, y que explica que «el almacenamiento existente en la finca El Busto consiste en cientos de miles de balas de basura sin ningún tipo de tratamiento».
Los municipios de Benavides de Órbigo, Turcia, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Villagatón, Villamejil y Quintana del Castillo son los que han dado el paso judicial. El Ayuntamiento de Astorga, pese a su compromiso previo con la iniciativa en los tribunales, no actuó con el frente opositor, debido a que necesitaba, según explicó la alcaldesa, Victorina Alonso, un acuerdo plenario y una consignación de 20.000 euros que «no estaba prevista y ha sido imposible conseguir». No obstante, la regidora confía en que el Ayuntamiento pueda reengancharse en el procedimiento. Además, cabe recordar que el equipo de Gobierno ha contado en todo momento con el respaldo público del PAL para estar en la primera línea de esta batalla.
Los denunciantes insistieron en que «los acelerados trabajos de traslado y depósito incumplen la normativa medioambiental», recordando que «la basura se acumula a cota muy superior a la que se recoge en los planos» de la planta. Además, criticaron que el traslado, a razón de 6.000 toneladas de basura cada día, se producía en camiones abiertos que arrojaban lixiviados por la carretera que une San Román y Santa María».