Luxemburgo celebra hoy una vista oral por los incentivos a la quema de carbón

El Tribunal de Luxemburgo celebrará hoy una vista oral del proceso abierto en relación con el real decreto de restricciones, que incentiva la quema de carbón nacional en las centrales térmicas españolas. El procedimiento judicial se instruye a raíz de una denuncia presentada por la eléctrica francesa GDF Suez, por el efecto de la regulación sobre su central de ciclo combinado de gas de Castelnou. En la vista participarán Carbunión, el Gobierno español, la Junta de Castilla y León, E.ON e Hidroeléctrica del Cantábrico (EDP España).

La multinacional gala, que cuenta con el apoyo de Greenpeace, impugnó la Decisión de la Comisión Europea de 2010, en la que se basa el real decreto de ese mismo año, que autoriza un régimen de ayudas para la producción de electricidad a partir de carbón autóctono.

En total diez centrales eléctricas afectadas en toda España están obligadas en el marco de la normativa mencionada a abastecerse de carbón nacional. Junto a esto, se reguló su entrada en funcionamiento de forma preferente frente a otras centrales de gas, fuel u otro combustible.

El mecanismo establece una compensación económica a las centrales afectadas por estas medidas, que se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014. Se trata de ayudas que la Comisión Europea declaró compatibles con el mercado interior.

En enero de 2011 Castelnou Energía interpuso un recurso que dio inicio a este procedimiento. La demandante es propietaria de una central de ciclo combinado en la provincia de Teruel que utiliza gas como combustible, y alega que el mecanismo descrito tiene una incidencia negativa sobre sus actividades. Por su parte, Greenpeace alega cuestiones relacionadas con las emisiones de CO2.

Desde la patronal minera se recuerda sobre este punto que la medida «no provoca un aumento de las emisiones de CO2 sobre lo pactado, ya que se trata de consumir el carbón previsto en el plan firmado por el Gobierno de España, el cual ya contemplaba en su cómputo de emisiones el consumo de un tonelaje incluso superior al finalmente realizado».

El Estado y Carbunión argumentan a su vez que las centrales de ciclo combinado «no se han visto alteradas por el mecanismo de apoyo al carbón nacional puesto en marcha en 2010, sino por el incremento de los precios de gas que provoca que muchos de los ciclos combinados se queden fuera del mercado al ser estos grupos térmicos más caros que las centrales de carbón». Las empresas mineras insisten «en los efectos beneficiosos del uso del carbón nacional en cuanto a la garantía de suministro eléctrico en nuestro país y la flexibilidad del sistema».

En su defensa, el Gobierno central puntualiza que la posibilidad de favorecer las fuentes de combustión de energía primaria autóctonas por razones de seguridad del suministro está prevista tanto por las Directivas de la Unión como por la legislación española.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia en 2013 por un recurso de Castelnou contra el Real Decreto, en la que se señalaba que «la protección de los intereses generales obliga a los poderes públicos, en defensa de los mismos, a ir adaptando la regulación a la cambiante realidad económica».