santa maría del páramo
El Juzgado levanta la medida cautelar y autoriza el traslado de las balas al CTR
La decisión llega doce días después de la paralización y tras estudiar las al. egaciones.
El traslado de las balas al CTR podrá retomarse tras la última decisión judicial.
Doce días después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León fijará en un auto la paralización urgente del traslado de las balas de basura acumuladas en la Finca el Busto de Santa María del Páramo al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, atendiendo a la demanda presentada por los once municipios que forman las mancomunidades del Órbigo y La Cepeda, ayer el mismo órgano judicial levantó la medida cautelar tras estudiar las alegaciones presentadas por el consorcio provincial para la gestión de residuos (Gersul), la UTE Legio VII, concesionaria del servicio, y el Ayuntamiento de Valdefuentes.
El auto recoge, en base a la nueva documentación aportada, que «el traslado de las balas de basura cuenta con informes favorables de la Administración ambiental». Del escrito también se desprende que los residuos no son susceptibles de tratamiento y que el almacenamiento en la finca paramesa —de acuerdo con una sentencia firme anterior — «no cumple la normativa ambiental» y debe efectuarse el traslado a una instalación autorizada.
Con esta decisión que deja sin efecto la medida cautelar adoptada a finales de septiembre, el juez considera como prevalente el interés público de poner fin a la prolongada situación «ilegal» de El Busto.
Ante este nuevo panorama, Carlos González Antón, el abogado que representa al Ayuntamiento de Valdefuentes —que de forma sistemática ha ejercido las acciones legales para el desalojo de la finca paramesa— valoró ayer de forma positiva la resolución judicial. El letrado tildó de «intachable» la actuación del juez, «tanto la suspensión en su momento como la decisión actual, actuando con suma diligencia», explicó González Antón.
Por su parte, el gerente de Gersul, José Antonio Velasco, aplaudió el auto que fija el levantamiento de la medida cautelar que obligaba a la paralización del traslado. «Teníamos esperanzas de que fuera así porque habíamos puesto sobre la mesa argumentos que avalaban que el CTR era el único lugar autorizado y datos para argumentar que se enmarca dentro de la legalidad», explicó el diputado, quien adelantó que el consorcio «sólo autoriza, es la UTE quien organiza el traslado».