Denuncian ante el Seprona y la Fiscalía el vertido directo de las balas al CTR
Trece ayuntamientos también advierten a la Junta de la contaminación «irreversible».
Un cartel avisa contra los vertidos en la finca de El Busto, de donde se extraen las balas.
Un nuevo paso al frente. Los ayuntamientos que forman las mancomunidades del Órbigo y La Cepeda junto a Astorga y Carrizo, trece en total, formalizaron ayer dos denuncias ante la Fiscalía de León y el Seprona de la Guardia Civil por la posible comisión de un delito medioambiental por el depósito de las balas de basura almacenadas en la finca El Busto de Santa María del Páramo en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Un traslado que continúa ejecutándose. Junto a los escritos registrados, los trece municipios aportaron al Fiscal de Medio Ambiente y al Seprona pruebas documentales y gráficas, como fotografías y videos, para que se investigue «hasta las últimas consecuencias».
Los denunciantes argumentan que las miles de toneladas de basura de León y su alfoz almacenadas durante trece años en la finca paramesa «pueden contaminar de forma irreversible la zona y sus acuíferos, puesto que se trata de basura sin tratamiento alguno». Las mancomunidades y los ayuntamientos también registraron ayer ante la Junta de Castilla y León varios escritos dirigidos al director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, al consejero de Fomento, Antonio Silván, y al presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, advirtiéndoles del riesgo de lo que los municipios consideran «un desastre ambiental y un despropósito ecológico».
Los afectados reiteran que Gersul y la UTE «están incumpliendo» las condiciones impuestas por la Junta y acusan a ésta de «dejación de funciones». Por ello señalan que la institución autonómica «será corresponsable» de los efectos ambientales que tenga para la zona «la llegada diaria de 6.000 toneladas de basura sin tratamiento previo ni control». El frente se propone «frenar una atrocidad» y creen irracional que «la UTE esté cobrando por estos vertidos del dinero que pagan todos los ciudadanos de la provincia».