Nueva ofensiva judicial de los pueblos del CTR por el vertido de tierra contaminada

 

Los 13 municipios de las Mancomunidades del Órbigo, la Cepeda, Astorga y Carrizo, próximos al Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega (León), no han ocultado su indignación ante el hecho de que el consorcio provincial de residuos Gersul y la UTE Legio VII depositen en el vaso de vertido del CTR miles de toneladas de tierra, zahorra y otros materiales de la finca en la que se almacenaban las 500.000 toneladas de basura en Santa María del Páramo, una vez finalizada su retirada.

Por ello, ya han anunciado su intención de emprender una nueva ofensiva judicial y han reclamado al consorcio que “se abstenga” de realizar lo que entienden que sería “una nueva aberración”. Esta situación se pondrá en conocimiento “inmediato” de la Junta de Castilla y León, dado que el traslado de estos materiales “que ni siquiera son residuos” incumple “de manera muy grave y perjudicial” el informe emitido en agosto por la administración competente en materia de medio ambiente.

Así se lo ha trasladado este frente municipal por carta al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, así como al presidente de Gersul, José Antonio Velasco. Igualmente, se ha solicitado una reunión urgente con el nuevo presidente de la Diputación de León, Emilio Orejas, por ser la administración que ostenta la presidencia de Gersul. Pero además, los ayuntamientos han remitido otro escrito a la Fiscalía de Medio Ambiente de León advirtiendo de la nueva intención, y tienen prevista la inmediata solicitud de las medidas “cautelares y urgentes” necesarias para evitar este nuevo vertido en el CTR, con el fin no sólo de que se impida sino que se valoren las responsabilidades administrativas o penales de la nueva decisión.

En todos estos ámbitos, los ayuntamientos recuerdan que el informe emitido en agosto señalaba que “sólo podrán depositarse en el vaso del centro de tratamiento de residuos aquellos que tengan la condición de residuos domésticos, lo que no incluye los residuos procedentes del desmantelamiento de las instalaciones del almacenamiento temporal, que deberán gestionarse en instalaciones de residuos industriales”.

Si no se impide este nuevo vertido de inertes en el vaso de rechazo de la planta de San Román, advierten que se ejercitarán “todas las acciones necesarias, incluso penales, para salvaguardar de este nuevo atentado la salubridad de las personas, vecinos de la zona, y el medio ambiente, ya afectado por el traslado de las balas de basura”. De este modo, el frente tiene claro que continuará todas las acciones iniciadas desde hace meses “para que los responsables asuman sus consecuencias legales”.

En estos nuevos escritos se insiste en que el único fin del frente municipal es que el CTR provincial funcione y se gestione “de manera correcta”. “No pedimos dinero, no pedimos compensaciones, no queremos ninguna otra cosa que lo más lógico y básico”, resumió el portavoz del frente, Joaquín Llamas.