Condenan a nueve años a un empresario leonés por fraude en las subvenciones al carbón

El Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón ha condenado a nueve años de prisión a cada uno de los cinco acusados por el fraude relacionado con el cobro ilegal de subvenciones al carbón en la mina gijonesa de La Camocha, entre los que figura el ex consejero de Industria del Gobierno asturiano Víctor Zapico y el empresario leonés Ángel García Brugos.

La magistrada también les condena al pago de una indemnización subsidiaria al Estado de 16,1 millones de euros, importe equivalente a lo defraudado entre los años 1998 y 2000, y sendas multas por el mismo importe a cada uno de ellos.

Zapico fue consejero de Industria del Gobierno del Principado entre 1991 y 1993, año en el que se destapó el escándalo del «petromocho», la fallida inversión petroquímica que provocó la dimisión del Ejecutivo del socialista Juan Luis Rodríguez Vigil.

Además, los condenados son el ex administrador único de Hullas Coto Quirós, el empresario leonés Ángel García Brugos; el expresidente de Mina La Camocha Manuel Martín Martín; el exapoderado de Hullas de Coto Quirós Guillermo Alfredo Honrubia; y la exresponsable de la contabilidad de la explotación, Margarita García.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que la Guardia Civil detectara el movimiento sospechoso de carbón importado desde el Puerto de El Musel hasta Mina La Camocha, en 1999, y su supuesta venta a las térmicas como nacional para cobrar las subvenciones establecidas para el producto autóctono. La juez ha hecho lectura pública de la parte resolutiva de la sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial en diez días, en una vista en la que no han estado presentes los acusados, representados por sus abogados, según recoge Efe.

De acuerdo con la petición del Ministerio Fiscal, la sentencia les condena a cada uno a tres años de prisión por los tres delitos de fraude de los que se les considera responsables, así como sendas multas de 16,1 millones de euros y una indemnización al Estado por el mismo importe.

Los cinco condenados deberán asumir esta indemnización en conjunto y solidariamente y subsidiariamente con Mina La Camocha Liquidación, Hullas Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones.

La magistrada ha dictado además las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo, y la perdida de derechos a subvenciones, ayudas públicas e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años por cada uno de los tres delitos.

La sentencia considera probado que «con la finalidad de obtener un beneficio económico injusto», los acusados «procedieron de común acuerdo alterar el destino de las ayudas públicas».

Para ello, desviaron «parte de las ayudas» que estaban destinadas a la producción propia, a la «adquisición de carbón a terceros».

Así, el carbón comprado era mezclado con el extraído en la explotación de Gijón y entregado a la Central Térmica de Aboño simulando cumplir el contrato de suministro concertado para el carbón nacional.

La cuantía total de carbón ajeno que Mina La Camocha entregó a Hidroeléctrica del Cantábrico como si fuera de producción propia ascendió a 98.686 toneladas, según detalla el fallo.

Las ayudas públicas recibidas por la explotación habían sido concedidas para cumplir el plan de modernización y racionalización del sector basado en la reducción paulatina de la producción.

La sentencia concluye que «los hechos son constitutivos de delitos contra la hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones, tipificado en el artículo 308.2 del Código Penal», cometidos durante los años 1998, 1999 y 2000.