valderas
La oposición tumba el intento del PSOE de arrendar la dehesa para pagar deuda
El equipo de Gobierno advierte que la finca pueden ser embargada por un juez .
La corporación municipal de Valderas asistió ayer al completo al pleno.
Era una de las propuestas más polémicas del equipo de Gobierno del PSOE desde su llegada al Ayuntamiento de Valderas. El arrendamiento de la Dehesa Trasconejos por un largo periodo de tiempo para hacer frente a deudas inminentes no salió adelante ya que los seis concejales de la aposición votaron el contra. Los socialistas que gobiernan el municipio se quedaron en minoría al ser sólo cinco ediles.
Es la primera vez que la oposición se une desde la llegada de Silvia Blanco a la alcaldía. Incluso es de las pocas que asiste al completo a un pleno.
En el sentido del voto de cada concejal parece que ha influido de forma determinante su origen. Los socialistas, todos foráneos, llegados a la corporación después de que nadie local quisiese asumir los cargos, eran partidarios del arrendamiento. Los seis de la oposición, naturales o relacionados con Valderas, se mostraron contrarios.
El equipo de Gobierno llevó a pleno ayer la aprobación del pliego de condiciones para la concesión administrativa de 336,49 hectáreas de la Dehesa Trasconejos. Como explicó la alcaldesa, se trataba de una medida difícil. Con la recaudación en este concepto el Ayuntamiento podría hacer frente a la deuda que se le reclama por los proveedores con sentencia firme que asciende a 800.000 euros. El pliego, que no salió adelante, estipulaba un arrendamiento por un periodo mínimo de 50 años y un máximo de 75. El precio de salida sería de 60 euros por hectárea al año. Eso arrojaría en el caso de un alquiler por 50 años un ingreso para el Ayuntamiento de algo más de un millón. Si el alquiler fuera por 75 años, la cifra llegaría a 1,5 millones. Una cantidad suficiente para hacer frente a esa deuda más inminente. Y es que el adjudicatario estaría obligado a desembolsar en las cuentas municipales todo el dinero por el que fuera adjudicada la finca en un plazo de 15 días.
Los terrenos en cuestión están hoy arrendados a agricultores locales y se aprovechan como campos de labor de secano, pastos y coto de caza.
La alcaldesa se mostró contrariada por la decisión de la oposición y advirtió que un juez puede en cualquier momento pedir la ejecución de las sentencias y embargar esos terrenos municipales que son bienes patrimoniales. «Cada uno sabe lo que lleva en la mochila», sentenció Blanco, quien dijo que esta medida hubiera evitado otras como la subida de impuestos.