Diario de León

El CSIF alerta de la «degradación profesional» de los forestales con la Ley de Montes

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alertó ayer de la «grave degradación profesional» que sufrirán los agentes medioambientales y forestales, si el Gobierno no reconduce las modificaciones planteadas en el nuevo proyecto de ley de reforma de la Ley 43/2003 de Montes, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de enero.

En este sentido, la organización exige que se mantengan las competencias de policía judicial de estos profesionales, más de un millar en la Comunidad, «necesarias para ser eficientes en su deber de velar por el respeto al medio ambiente y, por tanto, de defender la legalidad».

CSI-F denuncia que la modificación planteada «sustituye el actual sistema de trabajo de investigación de los agentes medioambientales y forestales, basado en la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tan buenos resultados viene dando hasta el momento».

El sindicato entiende que se trata de un sistema que, siendo «eficaz, incomprensiblemente se pretende sustituir por una nueva relación de subordinación hacia los otros cuerpos de seguridad que, con todo el respeto hacia ellos, rechazamos porque supone el desprecio a una profesión emblemática y de una tradición histórica».

La organización no acepta este cambio «absurdo, que supone poner fin a unas competencias profesionales reconocidas desde hace 140 años; y que introduce un importante elemento de «inseguridad jurídica», afirman, en la actuación del agente forestal y medioambiental, en su labor como policía judicial, amparada por la Ley 10/2006, que sirvió para ratificar y consolidar las competencias y las funciones de policía judicial.

Explican desde este sindicato que las modificaciones que recoge el nuevo proyecto de ley de reforma de la vigente Ley de Montes, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, dan un nuevo sentido a las competencias actuales de policía judicial de los agentes ambientales y forestales, que pasarían a actuar «de forma auxiliar», sin poder realizar atestados.

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