Denuncian ante la Comisión Europea la aplicación de la nueva PAC
La Unión de Uniones ha presentado denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por el incumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) en los Reales Decretos que regulan, a partir de este 2015, la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), así como, por el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a personas físicas y jurídicas que no reunían las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, al no ser agricultores.
Según informa el colectivo, el Ministerio de Agricultura «ha venido otorgando durante los últimos años, y así es reconocido por el propio Ministerio en algunos de sus documentos, ayudas derivadas del régimen de pago único a beneficiarios que no han ejercido ninguna actividad agraria al tener su explotación cedida totalmente a un tercero». «Esta situación alcanza ahora una especial relevancia ya que el valor inicial de los nuevos derechos de pago básico se determinará en función de las cantidades percibidas durante 2014, con lo cual, los efectos del pago indebido a no agricultores se trasladan y perpetúan en la nueva PAC a partir de 2015, añade la organización que denuncia también que el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, permite, más allá de lo establecido en la reglamentación comunitaria, el cobro de pagos directos a personas físicas y jurídicas que gestionan aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes.
A su juicio, esta vulneración de la figura de «agricultor activo», más el pago durante los últimos años a beneficiarios que no son agricultores, y por lo tanto no deberían haberlo recibido, «tiene como consecuencia según las estimaciones de la organización, que el conjunto de los beneficiarios tendrán que asumir un recorte del 15% del valor de los derechos de pago único, equivalente a unos 731,5 millones de euros». Dicho recorte no habría afectado a los agricultores activos de haber procedido el Ministerio de forma distinta a lo denunciado por la organización.