La Junta tiene un mes para que Babia y Luna sea parque natural este mandato

Las Cortes de Castilla y León han recibido un total de 32 enmiendas al Proyecto de Ley de declaración del parque natural de Babia y Luna, cuyo plazo de alegaciones concluyó el pasado lunes. A partir de ahora, se redactará un nuevo texto con las enmiendas que se estimen oportunas para su posterior debate y aprobación en una nueva sesión plenaria, que se espera que se celebre antes de que se disuelvan las Cortes, a finales del próximo mes de marzo, y se termine la legislatura.

La aprobación de esta ley es uno de los compromisos electorales del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, para esta legislatura.

De las 32 enmiendas presentadas, diez proceden del Grupo Parlamentario Popular, 19 del PSOE y tres de la UPL.

Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por los populares, la mayor parte de ellas proponen mejoras técnicas del texto, mejoras normativas, ortográficas y también gramaticales. En la segunda enmienda, los populares proponen que se adapten los límites entre Asturias y León a la sentencia del Tribunal Supremo, y que por lo tanto se modifique la superficie señalada en Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

En otra enmienda el PP insta a que se modifique la superficie del parque que se indica en el texto inicial, para que en vez se 57.628 hectáreas, figuren 57.757.

Por último, los populares proponen la corrección de coordenadas y cotas, así como la introducción de la denominación de carreteras, y la modificación de la denominación de Alto de la Enseancha.

Más numerosas han sido las propuestas presentadas por el Partido Socialista, que ha presentado una batería de 19 enmiendas al proyecto de Ley.

Para empezar, sugieren cambiar la denominación que figura de mastín español, por la de mastín leonés, una apreciación que también recoge la UPL en una de sus tres alegaciones.

Así mismo, los socialistas piden que se retiren del texto una serie de normas y leyes que actualmente han quedado derogadas por la Ley de Patrimonio Natural.

Otra de las apreciaciones de los socialistas se refiere a la necesidad de incluir la obligación de que la ley proteja los recursos del parque en cumplimiento de la normativa básica estatal. El PSOE también requiere que queden perfectamente definidos los objetivos prioritarios del parque en el párrafo uno y que se incrementen los objetivos que se reconocen para otros espacios, en relación a la «conservación, mejora y protección del patrimonio histórico, etnográfico, cultural y paisajístico de la zona de influencia, promoviendo el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de las zonas». El PSOE propone además «como objetivo primordial el incremento de población por medio de medidas que favorezcan su asentamiento». Otra de las reclamaciones se centra en «la necesidad de garantizar la utilización ordenada de los recursos y el mantenimiento de las actividades agrosilvoganaderas tradicionales que han permitido la conservación de los recursos naturales». El PSOE quiere además que en esta ordenación participen las entidades locales, las asociaciones vecinales y las organizaciones sociales y económicas más representativas de la zona. El grupo socialista también exige que la ley elabore, en el plazo de un año, una lista de los planes de manejo y conservación y restauración de las especies de flora y fauna singularmente amenazadas o en peligro de extinción.

Para favorecer la cooperación, reclaman que la consejería competente en la materia de conservación del medio natural, suscriba acuerdos o convenios de gestión con los propietarios de los terrenos y titulares de otros derechos integrados en el parque. Una de las fórmulas que propone el PSOE es la custodia del territorio, a través de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección del medio ambiente.

El aspecto económico es uno de los más defendidos por el PSOE en la nueva ley. Por eso exigen que en los presupuestos generales de la Junta se consigne una partida no inferior al millón de euros para compensar a los municipios integrados en el parque por la limitación que la declaración supondrá para sus actividades. También proponen que se establezca un área de influencia socioeconómica, para los municipios incluidos en el parque y que se favorezca a la población local en la contratación para cualquier función vinculada con la gestión del parque. También exigen la apertura de la casa del parque, ubicada en el palacio de Riolago, durante todo el año para favorecer visitas y la información contante, y por lo tanto, para desarrollar el turismo en la zona. Para favorecer este turismo, también se propone la señalización de las cañadas ganaderas así como de las rutas turísticas. Por otro lado, exigen que se agilicen los trámites administrativos para que los ganaderos afectados por el ataque de animales salvajes, que sean por otro lado objeto de protección, puedan percibir las correspondientes indemnizaciones por los daños sufridos en un plazo no superior a un mes.

Por último, el PSOE pide una mayor participación de las entidades locales del parque en los órganos de gestión del parque, y que en un plazo de tres meses desde la aprobación de la ley se constituya la junta rectora del parque, con representación de los agentes sociales y económicos del área de influencia.

Por su parte, la UPL ha presentado tres enmiendas. La que se refiere a la denominación de mastín leonés, en vez de español, otra referente a la adaptación del texto legal a la nueva Ley de Patrimonio Natural, y la última, y más novedosa, la que propone que la Junta vele por para evitar la incomunicación de las localidades del parque. Esta enmienda se refiere en concreto al eje subcantábrico, los accesos a Riolago, y todos los accesos a Asturias por Pinos y por el puerto de la Farrapona.