La Junta investiga «dónde se paró el informe» sobre las cotizaciones mineras
Minas reclama una inspección y Fernández está «vivamente interesado» por el proceso.
Eduardo Fernández y Ricardo González Mantero, en una foto de archivo de 2009.
La Inspección General de Servicios de la Administración de Castilla y León lleva ya a cabo una investigación «reservada» para determinar «qué ha pasado, y dónde se paró el informe» de la Sección Comarcal del Servicio de Industria de la Junta en El Bierzo, sobre supuestas anomalías en Alto Bierzo, desde su llegada a la Delegación Territorial del Gobierno autonómico en León, pocos días después de ser emitido. Así lo aseguró ayer el consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, que reconoció que al Gobierno autonómico «no le parece bien que haya estado seis años parado en un cajón». También señaló que será la Seguridad Social quien determine si el contenido del informe se ajusta a la realidad.
Ayer el portavoz de la empresa reiteró que los datos del informe son «totalmente erróneos», y que no se corresponden con los que constan en los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La Consejería de Economía y Empleo solicitó el martes una inspección que aclare a quién llegó el documento con las presuntas irregularidades en la aplicación de reducciones para acceder a las prejubilaciones, y por qué durante seis años el informe ha permanecido oculto.
Hasta el punto de que los delegados de la Junta en las dos últimas legislaturas, el director general de Energía y Minas y la propia empresa afectada aseguran no haber tenido noticia del documento antes de que el asunto saltase a la opinión pública tras la publicación de irregularidades en las prejubilaciones mineras a finales de la semana pasada en el diario El País.
Tramitación
La Dirección General de Energía y Minas ha comprobado la tramitación del informe que emitió el servicio del Bierzo el 5 de marzo de 2009, que fue recibido por el Servicio Territorial de León el 17 de marzo. El día 20 se remitió a la Delegación Territorial de la Junta en León; una gestión que se ratificó con una nota interior el 23 de marzo.
El documento tuvo registro de entrada en el Área del Delegado Territorial el 25 de marzo, con número 476, y después no consta ninguna actuación posterior.
En el informe el jefe del Servicio de Industria de la Junta, Fernando Bandera, están sellados los distintos registros de entrada y comunicaciones en la Delegación Territorial de León. El propio Servicio de Industria de la delegación señala que la irregularidad no es competencia de la Dirección General de Minas, por lo que el informe se remitió directamente al delegado, entonces Eduardo Fernández, hoy diputado nacional y presidente del PP leonés.
El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, señala que no tuvo noticia de la existencia del informe hasta el pasado viernes, cuando recibió una llamada del diario El País para preguntarle por el asunto. El lunes se reclamó el expediente, que se trasladó a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto del Carbón.
Sin conocimiento
Por su parte el ex delegado Eduardo Fernández destacó ayer que en ningún momento tuvo «conocimiento personal del informe, lo recordaría perfectamente. No vi el escrito ni nadie vino a despachar conmigo sobre un asunto que podía tener esa gravedad».
Un hecho que, insiste, «no quiere decir que el informe no estuviera en la Delegación o en los servicios territoriales». El presidente del PP considera que en todo caso a él pueden pedirle explicaciones «de 2009 a 2011» (cuando dejó su cargo de delegado). «Si el documento ha aparecido ahora alguien sabrá dónde estaba, yo hace cuatro años que no estoy allí, y no puedo responder de esa ocultación».
Fernández reclama que «se dé explicación cumplida de qué pasó con el informe», pero va más allá: «Ese documento forma parte de un expediente administrativo, y no creo que se haya extraviado todo el expediente. ¿Qué pasó con él? ¿Se autorizó, se desestimó, se reclamó alguna modificacion?»
Añade que «la gente que firmó ese escrito sigue en la Delegación»; aunque hace hincapié en que «a quien le corresponde la capacidad investigadora y sancionadora en estas circunstancias no es a la Junta. Sería conveniente saber si cuando se detectan esas irregularidades la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social o el Instituto del Carbón han constatado algún tipo de fraude. Y me cuesta mucho creer que haya un fraude masivo».
Eduardo Fernández considera que la Junta hace «lo correcto» con la investigación que ayer anunció. «Yo estoy vivamente interesado en saber qué procedimiento se ha seguido. Alguien ha tenido que contestar a ese plan de labores, y eso no es competencia del delegado territorial», concluye.