El Senado plantea inyectar fondos en los municipios para frenar la despoblación rural

León es una de las provincias más despobladas de Europa, una circunstancia que la ha llevado ser uno de los territorios más citados en el informe que ha elaborado el Senado sobre la despoblación rural en España. El documento, presentado esta semana tras quince meses de preparación en la Cámara Alta, aporta una serie de propuestas, medidas para frenar drásticamente la pérdida de población a través, principalmente, de incentivos para favorecer el asentamiento de nuevos habitantes en el medio rural.

La ponencia defiende la creación de un índice corrector aplicable sobre la participación en los tributos del Estado para la lucha contra este desequilibrio poblacional. Se trataría de un fondo consignado a los Presupuestos Generales del Estado, pero que contara también con financiación europea. El texto asegura que en todo el país son más de 3.900 los municipios con menos de 500 habitantes que «para los que es urgente adoptar medidas que garanticen su futuro a medio y largo plazo».

La aplicación de este índice corrector se estimaría multiplicando el porcentaje de población perdida en el periodo 1950-2010 por 400.000 euros, una cifra que el informe califica de «orientativa» para poder gestionar los proyectos planteados en el documento. Teniendo en cuenta que en León, esta pérdida poblacional se sitúa en un 30%, la cifra correspondiente a la provincia alcanzaría los 12 millones de euros, de un total de 151 millones que se estiman para las 17 provincias reflejadas en el estudio.

La primera de las medidas tiene como destinatarios los municipios de menos de 1.000 habitantes, con el fin de facilitarles recursos económicos que propicien la creación de empleo destinado a mejorar la calidad de vida. Así, en el caso de empleo generado por los ayuntamientos, se distribuirían 8.000 euros entre los municipios de menos de 100 habitantes; 10.000 euros para los de entre 100 y 250 habitantes; 12.000 euros para los municipios de entre 250 y 500 habitantes y 15.000 para los que tengan una población de entre 500 y 1.000 vecinos. Para cubrir estas ayudas a nivel nacional, el informe estima una cantidad de 46 millones de euros, que se dedicarían a promover recursos que favorezcan la asistencia a domicilio para personas mayores, así como todos aquellos servicios que se puedan prestar a este colectivo desde los ayuntamientos. Además, la ponencia apunta a la posibilidad de crear empleo en sostenibilidad ambiental y en formación de adultos.

También se prevén medidas para apoyar inversiones municipales destinadas a la creación de empleo femenino y que permitan compatibilizar la vida laboral y la familiar.

Respecto a las inversiones, se ve necesario fomentar las infraestructuras, con la mejora de la red viaria local que permita la aproximación de las poblaciones despobladas a las vías rápidas, mediante una red de carreteras secundarias adecuada o mediante el fomento de servicios de transporte público mancomunado. En este sentido, la potencia apuesta por una oferta de servicios de transporte público adaptada a la demanda, con especial atención a las necesidad es de los colectivos sociales desfavorecidos.

También se apunta a la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal destinadas a jóvenes y nuevos habitantes y el despliegue de la banda ancha en el medio rural para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.

La gastronomía y la producción de alimentos de calidad se perfila como un recurso potencial para el estímulo de la economía de estos municipios rurales, por lo que se propone que se respalde el sector, al igual que al turismo de interior. Otros de los planteamientos son aplicar proyectos de I+D+i y actuaciones de recuperación y conservación del patrimonio natural y arquitectónico.

El informe ve posibilidades de diversificación económica a través de las alternativas medioambientales y energéticas, apuntando especialmente a la gestión de montes, la biomasa, la resina y las fórmulas de gestión del patrimonio y el paisaje.

Otro punto del estudio se centra en la creación de empleo a través de la iniciativa privada, con ayudas a pymes o cooperativas, con especial incidencia a los puestos de trabajo dirigidos a jóvenes y mujeres, así como a la modernización y el relevo generacional.

El informe ve necesario implicar a la población de los municipios pequeños para que de forma conjunta y solidaria contribuyan a mejorar el futuro y aumentar la población.

Respecto a las medidas estatales que favorezcan el asentamiento poblacional, el documento del Senado plantea como objetivo conciliar la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural a través de bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, para que los pequeños municipios resulten atractivos a los nuevos inversores. También apunta la necesidad de que exista prioridad en las inversiones en infraestructuras viarias, ya proyectadas o paralizadas, y una consignación presupuestaria estatal preferente para los Fondos de Desarrollo Rural. El informe de la Ponencia también apela a la aplicación de medidas autonómicas especialmente con el mantenimiento de servicios..