La oposición teme que los planes provinciales se ajusten ahora al resultado del 24M

El Pleno extraordinario celebrado ayer en la Diputación de León aprobó por unanimidad la prórroga de tres meses del Plan Provincial de Cooperación Local, más conocido como planes provinciales, que supondrán el reparto de 14,8 millones de euros en obras entre 207 municipios de la provincia. La urgencia de esta aprobación reside en que ayer mismo vencía el plazo para la resolución de la convocatoria de este año, que de no prorrogarse implicaría repetir la convocatoria de unas nuevas bases y el inicio de todo el proceso. Pese a lo fugaz del pleno, —que estuvo presidido por el vicepresidente Lupicinio Rodrigo, ya que el presidente, Emilio Orejas, se encontraba de viaje en Madrid—, los grupos de la oposición tuvieron la ocasión de mostrar su indignación con este proceso.

En concreto, el diputado no adscrito Matías Llorente denunció que «se trata de un caso insólito en la institución provincial» y tildó de «vergüenza» el retraso en la aprobación del que es «el plan más importante que tiene la Diputación entre manos en todo el año» y por el cual numerosas empresas de construcción de la provincia «están esperando como agua de mayo», al igual que cientos de trabajadores cuyos puestos dependen de estas obras. «A lo mejor cuando por fin se aprueben muchas de estas empresas habrán quebrado», denunció. Llorente dijo no entender porqué se convoca un pleno extraordinario para dar paso a una prórroga y no para sacar adelante el propio plan, cuando se supone que las bases ya se encuentran aprobadas, los municipios ya han presentado sus solicitudes para este fondo y ya está hecho el reparto. A este respecto puso de manifiesto sus sospechas de que se esté llevando a cabo un nuevo reparto de las obras «más ajustado a los resultados electorales obtenidos el pasado domingo». De la misma opinión es Lázaro García Bayón, diputado de UPL, quien denunció que después de seis meses de trabajo no se haya dado luz verde a este plan, lo que a su juicio pone de manifiesto que «alguien ha trabajado mal».

Por su parte, el portavoz del PSOE, Luis Rodríguez Aller, desmintió que su partido esté negociando con el PP un nuevo reparto, y se limitó a recordad a la palabra del presidente Orejas que se comprometió a aprobar los planes antes de que se agote la legislatura.

El bloqueo de los planes provinciales se remonta al último pleno de abril, cuando los socialistas se negaron a apoyar el reparto alegando que la prevaricación planeaba sobre el procedimiento, un argumento que estaba sustentado por el informe del interventor. Ante esta situación el equipo de Gobierno frenó en seco el procedimiento y encargo un nuevo informe a secretaría que determinara la legalidad del reparto.

Al parecer el informe de secretaría confirma la legalidad del proceso, aunque introduce ciertos matices. Por eso, el portavoz del PP en la Diputación, Jaime González, dijo que una vez se apliquen estas correcciones se aprobarán los planes, algo que podría ocurrir incluso la próxima semana.

Las obras del plan provincial, del que se benefician los municipios menores de 20.000 habitantes, acumulan un considerable retraso ya que los proyectos ya tendrían que estar adjudicadas para comenzar los trabajos al principio de verano. Estas obras, sufragadas en un 80% por la Diputación, y el resto por los municipios beneficiarios, suponen todo un revulsivo económico para la provincia, por lo que su retraso tendría unas consecuencas nefastas para el área rural.