CONTENCIOSO
Santa Colomba pelea vía contencioso la legalidad de cobrar a las eléctricas
El Consistorio ultima un inventario por el cual estima recaudar 100.000 euros al año que repartirá entre las juntas vecinales
No sorprendió. Después de que el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza planteara una ordenanza y un convenio con las juntas vecinales del municipio para tratar de cobrar a las compañías eléctricas por la ocupación de los montes de utilidad pública, por donde atraviesan las torres de alta y media tensión y los gasoductos, las empresas no tardaron en mostrar sus cartas. Así lo reconoció el alcalde, José Miguel Nieto, quien aseguró que «tanto Unión Fenosa como Iberdrola ya han impugnado la posibilidad de que se les cobre». En este caso el Ayuntamiento, que hace de intermediario de las juntas vecinales, tampoco va a esperar con los brazos cruzados, de modo que está peleando por la vía contenciosa administrativa la legalidad de imponer tasas a las eléctricas.
Ya son varias las sentencias similares que se han fallado a favor de los ayuntamientos. Uno de los casos más recientes y pionero en la provincia fue el de Villagatón. Este municipio ya tiene en vigencia una ordenanza para cobrar por la ocupación, no sin antes un largo proceso judicial. Sin embargo, los tiempos no desaniman al alcalde de Santa Colomba, que explicó que se está ultimando un inventario que analizará los kilómetros ocupados en cada pedanía, de modo que así el reparto de los recaudado en las tasas, si finalmente la Justicia da la razón al Consistorio, sea equitativo.
Recientemente el Ayuntamiento ya presentó un convenio con las juntas vecinales. Un documento que regula las bases de esta medida. Han sido las arcas las que han costeado los más de 40.000 euros del análisis de ocupación y, según las primeras estimaciones, se espera recaudar más de 100.000 euros al año por la utilización de los montes públicos.
La medida sigue en el aire, a la espera de que el contencioso se resuelva, aunque se prevé que si el Ayuntamiento lleva razón las tasas se apliquen desde que la ordenanza entró en vigor, es decir desde este 2015. «Que las juntas vecinales tengan ingresos y puedan mejorar su capacidad económica es beneficioso para todos», terminó Nieto.