TRIBUNALES
La queja de la memoria
La ARMH presentará ante la Fiscalía un informe sobre humillaciones de responsables políticos a las víctimas de la dictadura franquista. La asociación entiende que en sus declaraciones atentan contra los derechos de los familiares de más de 114.000 víctimas
Monumento a los represaliados en el cementerio de León
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará la próxima semana ante la Fiscalía un informe en el que ha recopilado declaraciones de representantes políticos en las que insultan y humillan a las víctimas de la dictadura franquista. Se trata de una petición que se presentará por registro para que el Estado tenga en cuenta los derechos de las víctimas de desaparición forzada, a los que según el colectivo las instituciones deben proteger.
Fuentes de la ARMH recalcaron que la desaparición forzada, de la que en la dictadura franquista hubo como mínimo 114.226 víctimas, “es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano” porque “se detiene ilegalmente a un ser humano, se le tortura, se le asesina y se esconde su cadáver, para extender el sufrimiento de su familia al no confesar su paradero”.
A este respecto, apostilló que según la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, ratificada por España, el delito sólo empieza a prescribir cuando se da con el paradero de la persona desaparecida. Esa misma convención dicta la protección y la atención especial que requieren los familiares de los desaparecidos, algo que ha sido vulnerado desde las instituciones.
Rajoy, Aguirre o Hernando
En el informe hay declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; portavoz del PP en el Senado, Rafael Hernando; la líder del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre; o el alcalde popular de Baralla (Lugo), Manuel González, que en un pleno aseguró que los asesinados por la represión de la dictadura franquista murieron porque lo merecían.
El informe será remitido además al grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU; al Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición; a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo; a la oficina de la Defensora del Pueblo; y al Comité de Garantías del Partido Popular, porque en el artículo tercero de los estatutos del PP declara ser un partido “solidario con las víctimas de cualquier violencia”.
Con ello, la ARMH pretende denunciar la doble moral con la que se seleccionan desde las instituciones víctimas de violencias que requieren atención y respeto y otras a las que se humilla públicamente sin ninguna consecuencia política ni judicial. “Un Estado democrático debe atender a todas las víctimas de la violencia y no discriminar cuáles interesa políticamente atender y cuáles no”, concluyó.