Chachero sopesa denunciar ante la UE las concesión de 7 millones de euros a Uminsa

La asesoría jurídica de la empresa minera Chachero Hermanos, S.L. estudia denunciar al Gobierno y la Junta de Castilla y León ante la Oficina Europea Antifraude (Olaf, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de la Comisión Europea, a fin de que exijan responsabilidades por las ayudas a la producción de carbón —7 millones de euros, otorgados a Unión Minera del Norte (Uminsa)—, conociendo la irregularidad de su concesión, asegura la compañía.

Chachero recurrió la concesión de los subsidios a Uminsa ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, asunto sobre el que deberá resolver ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) tras desestimarlo la Administración autonómica por silencio administrativo. Si la extractiva lleva el caso a Europa, el Reino de España y la Comunidad Autónoma se enfrentan a la posibilidad de pagar una multa como responsables de la gestión de ayudas procedentes de fondos europeos.

Los fundamentos de la reclamación de mercantil se fundamentan en que es titular de varias concesiones administrativas en la capa Constancia, que arrendó a Mina Adelina, S.A. en diciembre de 1988 para su explotación. Más tarde, en julio de 2004, esta última sociedad fue absorbida por Uminsa, que asumió los derechos y obligaciones del arrendamiento.

Cuando se produce la absorción se paraliza la extracción en la capa, lo que conocía la Dirección General de Minas de la Junta, según reconoce Uminsa en un escrito de 2005, dirigido a la Administración de Castilla y León.

Antes de formar parte de Uminsa, Mina Adelina, S.A. se había acogido al sistema de ayudas al carbón reguladas por la Unión Europea (UE) —que en España se regulan por el Real Decreto 2020/1997— por la explotación de las concesiones que alquiló a Chacheros, cuya producción destinaba al suministro de mineral térmico a Endesa, como había hecho antes la concesionaria y tal y como consta en el contrato de arrendamiento, y cuyo cupo pasó a Uminsa al culminar el proceso de absorción.

Chachero recuerda que la normativa de la UE para el sector establece que la ayudas a la minería para reducir la diferencia entre costes de explotación e ingresos por la venta de carbón térmico es preciso un contrato con una eléctrica en la que se precise la explotación concreta de la que se obtiene el carbón y asegura que Uminsa percibe ayudas por el carbón de la capa Constancia desde 2004 hasta la actualidad, a pesar del cese de la actividad en éstas. Por tanto, se desconoce de qué concesiones procede el mineral objeto de los subsidios. Consta que la Dirección General de Minas de la Junta autorizó a Uminsa una concentración de labores en otro lugar, que, sin embargo, no notificó a Chachero como titular de las concesiones de Constancia y a la que tampoco dio trámite de audiencia, obligación ineludible, según Chachero, que considera ilegal esta concentración.

Posteriormente, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón abonó a Uminsa las ayudas correspondientes a las concesiones.

Chachero Hermanos considera que el Estado y la Comunidad autónoma han vulnerados sus derechos constitucionales y asegura haber sufrido importantes daños económicos y subraya que las ayudas a la actividad minera pagadas a Uminsa con fondos de la UE le corresponden como titular de las concesiones.

Si finalmente Chachero recurre a la Olaf y la Comisión Europea y se demuestra las irregularidades que denuncia, sólo uno de estos organismos actuaría contra el Estado y la Comunidad autónoma, lo que se determinará en función de las irregularidades que se encontrasen en su caso.

El recurso a las instituciones europeas no interrumpirá el contencioso-administrativo recientemente promovido por la compañía ante el TSJ, en el que solicita el abono de los 7 millones de euros, los intereses legales y una indemnización por los daños sufridos.