El Instituto del Carbón dota más de 28 millones para hacer frente a las sentencias

La auditoría de la Intervención General del Estado sí obliga al Instituto del Carbón a dotar fondos para tres litigios, presentados también por la Vasco, CMC y Uminsa. El primero es una pieza de incidencia sobre la sentencia a favor de HVL, por la que se le abonaron a principios de este año 6,98 millones de euros. Sin embargo, la empresa considera que no es esa la cantidad que debía recibir. «En el caso de que el juzgado otorgue la razón a la empresa, se estima que habría que abonar en torno a 3 millones de euros intereses incluidos, lo que conlleva que, por un principio de prudencia, se haya realizado la correspondiente dotación de provisión por responsabilidades».

En el caso de CMC, existe sentencia firme de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de la empresa a cobrar 19,8 millones, «a los que se deben añadir los preceptivos intereses» desde la convocatoria de 2012 hasta este momento. En total 21,4 millones, que también se provisionan. Y se aconseja «proceder a ejecutar la sentencia a la mayor brevedad posible».

En el caso de Uminsa, aunque el recurso se desestimó en primera instancia, el informe señala que «se encuentra recurrido en los mismos términos» que CMC (la Audiencia Nacional ya ha dado la razón al Grupo Alonso en esta reclamación también). En todo caso, «se considera prudente considerar que el resultado del mismo sea desfavorable para el organismo». Lo que supondría una cuantía de 29,3 millones de euros, a los que habría que adicionar los intereses correspondientes, por lo que «se estima una deuda total de 31,7 millones de euros».

Una cantidad que también ha sido provisionada por el instituto que dirige Juan Miguel Benítez, y que preside Nadal.