Victorino Alonso y la Vasco reclaman judicialmente al Gobierno 88 millones de euros en reparación de daños

Las empresas Unión Minera del Norte (Uminsa), Coto Minero Cantábrico (CMC) y la Hullera Vasco Leonesa han presentado hasta el momento al menos tres reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado, al que reclaman en conjunto 88,3 millones de euros. Las reclamaciones «se interpusieron por el funcionamiento del Estado en relación con la dotación, convocatoria, tramitación y resolución de las ayudas a la minería del carbón en el ejercicio de 2012», según consta en el Instituto del Carbón. Las deficiencias que se han demostrado después con las ayudas al funcionamiento del sector en los ejercicios siguientes, y los incumplimientos que han llevado a algunas de las principales compañías mineras a concurso de acreedores, incluso a perder las sociedades tras el trámite de los administradores concursales, hace prever que estas reclamaciones no serán las únicas que se presenten contra el Gobierno en concepto de reparación de daños, causados por la actuación de los responsables del Ministerio de Industria en los últimos ejercicios.

Las tres primeras reclamaciones se recoen en el informe de auditoría del ejercicio correspondiente a 2014, realizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que preside el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

En el apartado que analiza las provisiones que el instituto tiene que hacer para afrontar las responsabilidades de las reclamaciones de las empresas mineras, hay un apartado que se refiere específicamente, dentro de la tramitación de las ayudas a la minería, de las reclamaciones presentadas por responsabilidad patrimonial.

Millonarias

La Intervención General del Estado, en su informe de auditoría, reconoce que se «existen en la actualidad tres reclamaciones por responsabilidad patrimonial». Han sido interpuestas por Uminsa, por 38,3 millones de euros; y por CMC y la Hullera Vasco Leonesa, que reclaman 25 millones de euros cada una.

Una reclamación que se presenta únicamente por la tramitación de las ayudas correspondientes al ejercicio de 2012.

Sin embargo, y a diferencia de lo que hace con otras reclamaciones empresariales, los auditores indican que el Instituto del Carbón no provisiona fondos para hacer frente a estas reclamaciones, porque considera que «los recursos están poco fundamentados, previéndose que se desestimen».

Infraestructuras

El informe de auditoría también recoge los pleitos que mantienen las administraciones autonómicas con el Instituto del Carbón por las ayudas para financiar infraestructuras. En concreto, se refiere al procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por el Principado de Asturias para que se paguen las obligaciones de 56 convenios, por un importe de 213 millones de euros. Un procedimiento «que ha sido resuelto, y debe ser aplicado convenio por convenio de acuerdo con la situación de cada uno».

La resolución, reconoce la auditoría, «tendrá su impacto en las cuentas del organismo en la medida en que tendrá que hacer frente previsiblemente a desembolsos económicos». Para ello ha hecho provisiones, que llegan hasta el año 2018.