El TSJ obliga a CHD a devolver 354.500 euros a tres comunidades de regantes

Han sido precisas dos sentencias para que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) incluya en el canon de regulación de 2016, que se presenta hoy, los costes que origina a la Administración del Estado el funcionamiento, mantenimiento y amortización de obras del azud de Santa Marina del Rey, en el río Órbigo. La Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) estimó en noviembre y mayo pasados sendos recursos de las comunidades de regantes de la Presa de la Tierra, Canal de Villares y Canal de Castañón, que asumieron el total de los gastos en cinco ejercicios, cantidades que alcanzan los 354.500 euros.

La cuantía del primer recurso —referido a los años 2007, 2008 y 2009— se fijó en la sentencia en 199.500 euros, mientras que la del segundo —ejercicios de 2010 y 2011— se elevó a 155.000, cantidades que la CHD cobró a los comuneros de las tres demandantes en concepto de tasa, cuando debía haberlas girado como canon a todos los concesionarios beneficiados por la regulación. El TSJ debe resolver otro recurso planteado sobre el mismo tema y, a tenor de las dos sentencias que ya se han producido, la CHD ya ha devuelto este año la tasa girada a los regantes correspondiente a 2013.

En ambas sentencias, el TSJ dilucida si los costes del azud deben incluirse en el canon de regulación, repercutido a todos los que se benefician de las infraestructuras, o como tarifa —como se venía haciendo—, que deriva del aprovechamiento del agua a consecuencia de la ejecución de obras hidráulicas específicas.

Sobre la cuestión ya se había pronunciado el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León, que refrendaba la decisión del organismo de cuenca, al considerar que el azud tiene como objeto la derivación de agua a los canales de las tres comunidades citadas y, por tanto, sus costes deben repercutirse en los regantes. Pero la sala de los Contencioso Administrativo del TSJ anula las disposiciones de esta instancia, al tener en cuenta las obras de modernización del azud, con una inversión superior a los 1,22 millones de euros.

Del proyecto de obra y su ejecución se desprende que la presa no sólo logra la derivación de agua a las tres comunidades de regantes y la toma para abastecimiento, sino que, además, regula el caudal del Órbigo, evitando desbordamientos en época de crecida y asegurando las cantidades destinadas a los caudales ecológicos durante el estío. Estas nuevas funciones de las que los trabajos dotan a la infraestructura inciden en «que los costes de explotación sean muy superiores a los de un azud que tenga la única opción de toma y carga de un canal», citan las sentencias estimatorias de los recursos de Villares, Castañón y Tierra.

Por el momento, sólo es firme la sentencia de noviembre y aún no se ha determinado la forma en la que la CHD hará efectivo el reintegro de las cantidades a los afectados.