Tres años y seis meses de prisión para dos acusados por la estafa de la FP en La Bañeza

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha condenado a tres años y seis meses de prisión a la directora del centro privado de Formación Profesional Tierras de La Bañeza, Adela Posada, y a su marido y jefe de estudios de la institución, Manuel Aldonza, al considerarles autores de un delito continuado de estafa agravada, al considerar probado que matricularon a más alumnos de los autorizados por la Consejería de Educación en los ciclos de educación a distancia, durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009. Además, les impone una multa de ocho meses, con una cuota diaria de seis euros, y obliga al pago a cada uno de ellos de un tercio de las costas procesales, «con inclusión en igual medida de las ocasionadas por las acusaciones particulares».

Ambos indemnizarán conjunta y solidariamente a los perjudicados —reconoce a un total de cien—, en las cantidades que reclamaban tras descubrir el engaño, cuyo total asciende a 154.152 euros. También abonarán a cada afectado 2.000 euros por daños morales.

La sentencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Consejería de Educación de la Junta, al producirse «una falta de adopción de las medidas de control sobre un centro [...] homologado por la Administración, y al que ésta confió la gestión del servicio público de educación».

Por otra parte, absuelve al secretario del centro e hijo de la directora y jefe de estudios, Raúl Aldonza Posada, por considerar que no ha quedado debidamente acreditada su participación en los hechos, y deja abierta la posibilidad a que otra parte de los perjudicados puedan ejercer acciones civiles. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Sección Tercera considera que Posada y Aldonza hicieron creer a quienes solicitaban los módulos de Cuidados Auxiliares de Enfermería y Auxiliar de Farmacia que iban a ser matriculados en los cursos solicitados, «al suscribir el contrato de enseñanza» con el centro privado. En este se les indicaban las condiciones para obtener el título oficial por la enseñanza tras el pago de las pertinentes tasas. Los magistrados entienden que ambos sabían que no iban a poder matricular en el centro público al que estaba adscrito Tierras de La Bañeza —el IES Vía de la Plata— «a todos los alumnos solicitantes» y añade que «ninguno de ellos pudo obtener el título oficial a su debido tiempo».

Los acusados actuaron «de común acuerdo» y recibieron de los alumnos «el precio de la matrícula» —90 euros— y «las cuotas mensuales fijadas» —13, a razón de 180 euros cada una—, que no se les devolvieron.

Para la sala no hay duda de que los acusados conocían que el número de alumnos que podían matricular por ciclo formativo era de veinte. A pesar de que invocaran la existencia de una instrucción de carácter general que fijaba en un mínimo de 20 y en un máximo de 100 los alumnos en educación a distancia, señala la abundante documentación que refiere las 20 matrículas que podía formalizar Tierras de La Bañeza. Más tarde, la inspección educativa constató la inscripción de 99 alumnos en enfermería y 51 en farmacia en el curso 2008-2009. «Es especialmente significativa a la hora de evaluar el grado de malicia» de esta estafa «la carta que la acusada y directora» envía a los alumnos desvelado ya el fraude, «queriendo hacerles ver que todo ha sido un error de la Consejería de Educación», apunta el tribunal.

La sentencia señala el papel fundamental de la primera denuncia que se formula contra el centro, en junio de 2008, que impidió «que el fraude descrito podría haber continuado sine die, aumentándose el número de afectados».