El Gobierno autoriza el pago a CMC y Uminsa de 42,8 millones de euros
El fondo cumple la sentencia de la Audiencia Nacional por las ayudas denegadas en 2012.
Mineros de Uminsa, empresa a la que ahora el Gobierno devuelve más de 29 millones.
El Consejo de Ministros autorizó en su reunión de ayer el pago a Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, antes empresas del Grupo Alonso, de casi 42,8 millones de euros para cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional que establece que el Gobierno denegó irregularmente a las empresas las ayudas a la producción correspondientes al ejercicio de 2012. La cuantía se financia con el Fondo de Contingencia, a través de dos suplementos de crédito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Según reconoce el Gobierno, las sentencias «reconocen el derecho de ambas empresas a las ayudas convocadas por la orden de 2001 que establece las bases reguladoras de las ayudas a la industria minera del carbón para los ejercicios 2011 y 2012, correspondientes a las previstas en la decisión del Consejo Europeo de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas».
La Intervención General del Estado, en su informe de auditoría sobre el ejercicio de 2014 del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, obligaba ya al organismo dependiente del Ministerio de Industria y Energía a dotar fondos para pagar estos litigios.
La Audiencia Nacional dictó sentencia firme que reconoce el derecho de CMC a cobrar 19,8 millones, «a los que se deben añadir los preceptivos intereses», desde 2012 hasta el momento. En total, 21,4 millones. La Intervención recomienda además «proceder a ejecutar la sentencia a la mayor brevedad posible».
Por lo que se refiere a Uminsa, la Audiencia Nacional dio la razón al Grupo Alonso. La auditoría al instituto del carbón se realizó antes de que esta otra sentencia fuera firme, pero adviertía de que el recurso era «en los mismos términos» que el anterior, por lo que recomendaba «prudente considerar que el resultado será el mismo», y aconsejaba también dotar el futuro pago.
Además el informe de la Intervención hace referencia también a la necesidad de dotar la reclamación de la Hullera Vasco Leonesa por la sentencia que condena al Estado a pagarle las ayudas que obligó a devolverle y que había cobrado en 2006. La Vasco ingresó en junio de 2009 al Instituto del Carbón 7,77 millones que le reclamaba por un cobro presuntamente indebido de las ayudas de 2006, a los que añadió 1,25 millones en intereses. El Gobierno ya determinó la devolución, pero sólo lo hizo en 6,98 millones, y no en los más de 11 que calcula la compañía, y que también están recurridos.