Los municipios en defensa del tren piden reunirse con Renfe y con la Junta
Última manifestación celebrada en Veguellina.
El Grupo de Municipios en Defensa del Ferrocarril ha mantenido esta semana una nueva reunión en la que se acordó reiterar públicamente la necesidad de una reunión urgente con los máximos responsables de la compañía ferroviaria Renfe, Pablo Vázquez Vega, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, quienes por el momento no han contestado a este requerimiento planteado de manera oficial desde hace semanas.
Los alcaldes de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas; Torre del Bierzo, Gabriel Folgado; Villagatón-Brañuelas, Carolina López; y Magaz de Cepeda, Mariló Maroto; con el apoyo de la federación SMG-UGT de León, consideran esencial que los máximos responsables de los recortes ya aplicados en las paradas, trenes y servicios de sus estaciones «escuchen la voz de miles de leoneses» de estos y otros muchos municipios y comarcas de la provincia que se han manifestado de manera masiva en las últimas semanas contra su aislamiento a causa de las graves decisiones adoptadas.
Los regidores insisten en que la alternativa de los autobuses que ha defendido la Junta de Castilla y León para sustituir a los horarios verdaderamente útiles para la población afectada, que potencialmente estiman en no menos de 50.000 personas, es «un parche nefasto». Calculan que muchos de los trayectos propuestos llegan a superar las dos horas de «viaje en malísimas condiciones» para llegar a la capital leonesa o casi una hora para enlazar con Astorga.
En sendas reuniones, los integrantes de este grupo municipal esperan tener ocasión de rebatir las «irrisorias y falsas» cifras oficiales de usuarios reales del tren –por ejemplo, siete pasajeros al año desde la estación de Torre del Bierzo- con las que la compañía y la institución han justificado los recortes, fruto de «un plan de casi dos años para negarse a expedir los billetes» que arrojarían una cifra real.
Y también insistir en que «la necesidad, casi la obligación de una ordenación del territorio racional» que garantice los derechos de acceso a servicios públicos de los habitantes del mundo rural, en atención a «una rentabilidad social que debería estar muy por encima de la estricta rentabilidad económica», mantienen.
Por último, los municipios movilizados por este problema –siguen sin unirse los bercianos de Congosto y Bembibre, que también han perdido paradas y horarios clave– acordaron mantener «cuantas medidas estén en nuestra mano para recuperar este servicio esencial».