La Ercina y Prado exigen a la Junta fondos de empleo para el carbón
j.m. CAMPOS | cistierna
Los alcaldes de La Ercina, Ignacio Robles y Prado de la Guzpeña, Casiano Álvarez han mostrado su malestar por no estar incluidos en el nuevo reparto de fondos al empleo en municipios mineros que ha realizado la Junta esta semana. Robles recordó que su municipio ha sido minero y ha sufrido una doble discriminación. El 27 de febrero de 1966, hace cincuenta años, se cerraron las minas y 300 trabajadores se quedaron en la calle sin programas de rehabilitación. Además, desde 2007, «sin saber porqué criterio no aparecen La Ercina ni Prado en el grupo 1 que son los ayuntamientos muy afectados por la reestructuración del carbón». El alcalde de La Ercina recordó a la Junta que hay un hecho que habla claramente de la situación minera de su municipio, ya que en 1954 sufrió el mayor accidente minero de la historia de la minería en España, con la muerte de los 14 de Casetas. El PSOE en las Cortes autonómicas promoverá iniciativas parlamentarias para que estos municipios que han sufrido las consecuencias de la reestructuración del carbón igual o más que la lista de municipios presentado por la Junta, reciban las misma ayudas a la hora de contratar personal y ayudas para empresas y autónomos. «Si queremos mantener población en nuestros municipios tenemos que acogernos a todas las ayudas de la Junta y del Estado».
Álvarez dijo que el Ayuntamiento de Prado es 100% minero y como alcalde se siente discriminado y no entiende que su municipio esté en objetivo 2 de las ayudas mineras. «A Prado, que sigue siendo minero, no le dan estas ayudas y otros municipios donde no hay carbón se las dan». Exigen que se rectifique esta situación e incluyan a los dos municipios entre los ayuntamientos muy afectados por la reestructuración del plan del carbón. Además instan a la Junta a que habilite una partida presupuestaria destinada a municipios como La Ercina y Prado, que han sufrido las consecuencias del cierre de la actividad minera. «Que se rectifique el decreto 1112 de 2007 y se incluyan los municipios no por cuestiones políticas sino por motivos reales de situación de la minería».