El Consistorio da dos meses más al portavoz del PSOE para tirar el ático

a.g. valencia | astorga

Tras años de recursos, pleitos y acusaciones cruzadas en los plenos, ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) el que ha dado la razón al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, al desestimar el recurso de apelación interpuesto por el portavoz socialista de la localidad, Ricardo Fernández Luengo, después de que un Juzgado de León también fallara a favor del Consistorio, que en noviembre de 2013 impuso a este concejal una multa de 10.001 euros por no respetar las normas urbanísticas provinciales en la construcción de una casa en el pueblo, al incluir en el inmueble una planta bajo cubierta que, al parecer, excede la altura. Por eso, además, de la sanción, el Tribunal también reitera que el edil debe derribar el ático «construido de forma ilegal», según recoge textualmente la sentencia firme.

Así se encuentra la situación y aunque ya ha expirado el plazo de dos meses para la demolición voluntaria del tejado, el alcalde del Val, Eligio Geijo, explicó ayer que «ya se le ha notificado al portavoz socialista una ampliación de dos meses más para que proceda a tirarlo». Sin embargo, y según la versión del regidor, el edil del PSOE no quiso recoger la notificación «aunque el tiempo ya ha empezado a correr», explicó.

Geijo puso de manifiesto que «no quiere poner trabas», aunque en este sentido también dejó claro que «no vamos a pasarlo por alto, vamos a hacer que se cumpla la sentencia porque así lo fija la Ley, no el Ayuntamiento», señaló.

La brecha que separa al equipo de Gobierno del portavoz socialista es cada vez más honda. Por su parte, Ricardo Fernández Luengo, que no aclaró si acatará el derribo del ático en esta nueva ampliación del periodo para acometerlo de forma voluntaria, hizo hincapié en que lleva esperando dos meses a que el alcalde le conceda una reunión que ha solicitado con la corporación y los técnicos municipales «para mostrarles la documentación y que comprueben que el informe que el SAM dictó en su día no reúne datos correctos», lanzando al aire las siguientes preguntas: «¿Por qué no convocan este encuentro?, ¿Qué están ocultando?».

Mientras la situación se resuelve, el Ayuntamiento está dispuesto a acabar todos los plazos legales marcados. El tema colea desde hace ya varios años y aún no termina aquí. Desde el equipo de Gobierno esperan que el portavoz acate la decisión judicial, aunque Fernández Luengo no avanza si lo hará. No obstante, sí tiene claro otros aspectos y es que «en Val de San Lorenzo tendrían que revisarse también otras viviendas», termina.