El Procurador denuncia la falta de desinfección del agua para consumo

JOSÉ Mª CAMPOS | CRÉMENES

El Procurador del Común de Castilla y León ha constatado en un informe que en algún pueblo del municipio de Crémenes el agua ha sido no potable reiteradamente a lo largo de los años y, según las inspecciones sanitarias, no se realiza la correspondiente desinfección del agua, y «lo que resulta más grave a nuestro juicio es que se ha proporcionado agua en deficientes condiciones sanitarias a la población poniendo así en peligro cierto de sufrir problemas graves a los vecinos de todas las localidades», señala el documento.

La oficina del Procurador inició hace meses una actuación de oficio con el fin de comprobar la situación sanitaria del agua en el municipio y las medidas que se adoptaban al respecto por el Ayuntamiento. En su informe señala que no se informa a los vecinos de esta situación y que los datos no se encuentran en el Sistema de Información de Aguas de Consumo (Sinac) incumpliendo la normativa estatal y autonómica.

El informe denuncia que el Ayuntamiento no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones de información del Procurador del Común. «Todos los años se inicia por esta Defensoría investigación de oficio, como la que hoy nos ocupa, y se tramitan numerosos expedientes donde se ponen de manifiesto los problemas que supone la presencia en el suministro de contaminantes de todo tipo sobre todo en los municipios pequeños en los que no existe un sistema adecuado de desinfección»,añade el documento. Tras los sucesivos informes del servicio territorial de sanidad en los últimos tres años, desde la oficina del Procurador se recuerda que, según informe remitido por la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Crémenes incumple muchas actuaciones en el control de la calidad del agua «ya que no consta que se efectúe el adecuado autocontrol y los datos de los mismo no aparecen en las aplicaciones informáticas». El Ayuntamiento ha publicado con fecha del 30 de marzo algunos datos sobre el nivel del cloro pero no los datos referentes a la analítica de la calidad del agua. Además se advierte de que la administración autonómica ya había sancionado al Ayuntamiento. Por la reiteradas denuncias del 2012 al 2015, el Ayuntamiento recibió dos sanciones que suponía 6.000 euros, aunque al final pagó 3.000 euros por una reducción del 50%. El Procurador insta al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para garantizar la calidad del suministro de agua, obligatoriedad de desinfección del agua público y se informe de los aspectos sanitarios a la población.