El entorno del CTR se rebela contra la ampliación y alega «errores de bulto»

a.g.v. | astorga

El pasado miércoles se cerró el plazo para presentar alegaciones al proyecto de ampliación para la construcción de un nuevo vaso en el CTR de San Román de la Vega y el entorno ha dado un paso al frente para mostrar su postura contraria a los planes de la administración.

A las alegaciones de la Plataforma Gestión Residuos o IU-Astorga se suman las del Órbigo, una de las zonas más afectadas por su proximidad a la plata. La comarca se rebela, también administrativamente, contra el planteamiento del nuevo vertedero. En este sentido, a la cascada de alegaciones remitidas, se añaden, por un lado, la de los municipios de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo y Turcia, así como la Mancomunidad del Órbigo. También tiene argumentos en contra el municipio cepedano de Villamejil. La lista se completa con las alegaciones que, a título individual, también han presentado las juntas vecinales de Estébanez de la Calzada, Santibáñez de Valdeiglesias, Valdeiglesias, Villares, San Feliz de Órbigo, Quintanilla del Valle, Vega de Antoñán y Antoñán del Valle.

Los municipios del entorno, como explicaron ayer, han argumentado con datos en la mano «contra la pretensión de duplicar el tiempo de vertidos en una planta provincial de caótica gestión, después de que el vaso actual, construido para 20 años, esté colapsado casi en la mitad de tiempo», exponiendo que los datos oficiales del nuevo proyecto demuestran que al actual vaso de rechazo no le queda vida útil, ya que «supera en 318.000 toneladas la capacidad permitida».

Los municipios, en sus alegaciones, aprecian errores de bulto en los parámetros más sensibles. Y es que, con esa capacidad de 2,1 millones de nuevas toneladas, los pueblos temen que Gersul pretenda «crear una infraestructura sobredimensionada para generar negocio recibiendo basura de fuera de la provincia». Por eso, en sus argumentos advierten del riesgo de inestabilidad y colapso en la masa de residuos prevista y censuran que en una infraestructura tan sensible exista una «carencia absoluta de estudios que den garantías plenas del terreno», extremo que consideran «insólito y gravísimo».

Por último, se expone que la única gestión de lixiviados contaminantes propuesta «no propone alternativas», echando en falta garantías medioambientales. Una realidad que la plataforma y las juntas vecinales ya han denunciado en más de una ocasión, a la par que censuran la ausencia de «cobertura legal» y «una documentación incompleta al faltar el informe urbanístico del Ayuntamiento de San Justo de la Vega, que ostenta la competencia».