La ayuda a la Vasco requiere una decisión política como la del cierre de La Camocha

maría j. muñiz | león

La decisión de permitir el acceso de la Hullera Vasco Leonesa a las ayudas establecidas para financiar los costes excepcionales que implican el cierre ordenado y seguro de las instalaciones que se abandonan es política, como demuestra el hecho de que el Gobierno modificó ya en 2007 la orden que permitía el acceso de La Camocha a estos fondos. Aunque el actual marco de ayudas tanto a las cargas sociales como a los costes de cierre de las minas está sin convocar, la orden redactada por el Ministerio de Industria especifica, como ocurrió en el marco del Plan del Carbón 2006-2012, que según la normativa relativa a las subvenciones no podrían optar a estos fondos las empresas que mantengan deudas con Hacienda o con la Seguridad Social. Una situación en la que se encuentra actualmente la Hullera Vasco Leonesa, que debe iniciar inmediatamente las tareas de cierre de sus explotaciones de interior (paralizadas desde hace meses) ya que no se han presentado dentro del proceso de liquidación en curso ofertas para mantenerlas activas.

consecuencias

Valorar las consecuencias de no facilitar el acceso a la financiación de este proceso de cierre (que la administración concursal ha calculado en casi 20 millones de euros, y cuyos fondos están ya dotados en la previsión presupuestaria del Gobierno para este año) es ahora una decisión del Ministerio de Industria. Una decisión que, en todo caso, cuenta con antecedentes claros y cercanos.

En el año 2007 se exigió el cierrre de la mina La Camocha, en Asturias. El reglamento aprobado en 2002 para justificar ayudas que subsanasen tanto el coste social como las cargas excepcionales que para las empresas supone el cierre seguro de las explotaciones de interior que se abandonan, un compromiso que se recogía en el Plan del Carbón 2006-2012, establecía que no podían optar a estos fondos las empresas endeudadas con la Hacienda pública y la Seguridad Social. En cierto modo un contrasentido, ya que eran precisamente las empresas con problemas (y por tanto con deudas, como ocurre ahora con la Vasco) las que tenían mayor necesidad de acceso a estos fondos.

La orden aprobada por el Ministerio de Industria en julio de 2007 (modificación publicada en el BOE en febrero siguiente) reconocía tanto las «peculiaridades del sector» como la necesidad de proseguir con la reestructuración. Eso sí, «minorando en la medida de lo posible los efectos del cierre de las unidades de producción minera en las zonas afectadas».

Por eso se establecía la «necesidad de un tratamiento diferenciado que hiciera factible su concesión»; que permitiera eximir de la obligación de no estar endeudadas con las administraciones públicas, «únicamente para compensar los costes sociales y los vinculados a la seguridad de la mina y su rehabilitación medioambiental».

Por eso el real decreto del propio ministerio considera «recomendable» aplicar esta exención, debido a las «especiales circunstancias económicas de las empresas mineras en proceso de cierre». A saber, «se encuentran sin medios ni créditos para afrontar la ejecución». Lo que ocurre ahora a la Vasco, cuyos administradores ni siquiera cuentan con liquidez para pagar la deuda que acumulan con los trabajadores. Y ya han manifestado su incapacidad total para afrontar siquiera mínimamente las tareas de cierre de los pozos de interior.

Ya entonces se consideró prioritario atender tanto a los costes sociales del cierre de la explotación (unos 250 trabajadores que quedan fuera de las prejubilaciones están abocados al despido a partir del 1 de agosto en el caso de la Vasco); como a los costes «derivados de la adopción de medidas de seguridad relacionados con el sellado de las instalaciones mineras».

En ese escenario el Gobierno aprobó la modificación de la orden de las bases reguladoras de las ayudas, Y estableció que «cuando una empresa no puede acreditar el requisito de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, (...) podrá adquirir la condición de beneficiaria en virtud de la salvedad prevista (...) que atendiendo a la singular naturaleza y finalidad de las ayudas, permite exceptuar en su normativa reguladora el cumplimiento de algún requisito».

Coste social

No es sólo la seguridad del cierre de las explotaciones. Está también el ‘coste social’. Los trabajadores de la Vasco que quedan fuera del plan de prejubilaciones (ya aprobado), están pendientes de un plan social aún por aprobar pero que en todo caso deja en el aire el futuro de más de 200 trabajadores. En el caso de La Camocha, el gobierno del Principado (tras un encierro de mineros) aceptó adelantar parte del impago de las nóminas, con el compromiso de que la cantidad le fuera reiterada una vez resuelto el proceso concursal.