Los mineros de la Vasco juegan su última baza para las ayudas el cierre de la Vasco

maría carnero | santa lucía

Cuando hoy se cumplen dos días del encierro de cuatro trabajadores de La Hullera Vasco Leonesa en las instalaciones del pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón, a 200 kilómetros, en Valladolid, se decide su futuro y el de sus compañeros. Representantes de la Junta de Castilla y León, administración concursal y sindicatos analizan si el Gobierno autonómico anticipa las ayudas al cierre de la compañía o se queda al margen de este proceso que garantizaría el futuro inmediato para sus trabajadores.

A los pies de la planta 975, donde los cuatro mineros pasan las horas a 200 metros de profundidad, con la esperanza de lograr arrancar un compromiso político que ayude a dar la última bocanada de oxigeno a este sector que agoniza, sus compañeros aguardan fuera para asegurase de que están bien y que no les falta de nada. «La comunicación es continua, ya que aunque ahora están recién entrados, las horas van pesando sobre ellos y necesitan saber qué pasa fuera», asegura el presidente del comité de empresa, Julio César Gómez.

«Hoy se han despertado animados, han tenido que lidiar con la humedad que hay en la galería, pero están bien», afirma Gómez.

David Garguño, Álvaro Rodríguez, Sócrates Fernández y Elías Ortega se encerraron el lunes, después de la celebración de una asamblea en la que los trabajadores decidieron iniciar medidas ante la negativa de la Junta de apoyar el cierre de las instalaciones de la compañía, para lo cual el Instituto del Carbón no ha convocado este año ayudas.

«El próximo 31 de julio los 200 trabajadores de interior se quedan en la calle», recuerda el presidente del comité que hoy llevarán a la consejera de Economía, Pilar del Olmo, la propuesta de que la Junta anticipe parte de los 20 millones de euros que serán necesarios para desmantelar las instalaciones. Este plan de cierre, que tendría una ejecución de 36 meses, con la posibilidad de prorrogarlos otros 18, daría empleo a más de cien trabajadores de La Vasco, para los cual el 1 de agosto ya no podrán si quiera cobrar el paro, ya que llevan más de dos años sumidos en expedientes de regulación de empleo.

«Primero no quieren que trabajemos más y ahora no nos ayudan a cerrar las minas», explica Gómez, que recuerda a la Junta que «no pueden abandonar las instalaciones sin más». De hecho, un informe de la administración concursal alerta de la necesidad de mantener el bombeo de agua continuo en la mina de interior, porque su acumulación podría causar inundaciones en La Robla. Además, el fluido eléctrico es imprescindible para mantener la ventilación y evitar la acumulación de gases explosivos.

Los sindicatos recuerdan que en 2007, cuando se cerró la mítica mina gijonesa La Camocha, el Prinicipado anticipó las ayudas al cierre. «Estamos pidiendo algo que está regulado en el Plan del Carbón, algo que nos corresponden», explica el presidente del comité.

En función del resultado de la reunión de hoy, podrían salir los compañeros encerrados. Lo que tienen claro es que tienen hasta las elecciones para conseguir el apoyo al cierre y esperan que se apruebe un decreto en alguno de los dos consejos de ministros que quedan hasta el 26-J.