Diario de León

LA CRISIS DEL CARBÓN

La Junta no se fía del ministro De Guindos y recurre a Rajoy para que se paguen las ayudas a la minería

El Gobierno autonómico ve "poco aclaratorias" las palabras del ministro de Economía e Industria

La vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, momentos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, momentos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

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La portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ha calificado hoy de "poco aclaratorias" las palabras pronunciadas por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, sobre el pago de las ayudas a la minería del carbón, y tratan con el presidente en funciones, Mariano Rajoy.

Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por las palabras pronunciadas ayer por De Guindos en Segovia, Valdeón ha reconocido que la Junta no ha recibido del Ministerio una "comunicación formal" en respuesta a la carta remitida por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para pedir agilizar el pago de las ayudas a la minería.

"Nuestra postura sigue siendo la misma, muy clara desde el principio", ha afirmado la portavoz, convencida de que "no existe razón" para que el Gobierno central no realice los pagos que tiene comprometidos en los presupuestos para un cierre ordenado de la minería, que permitiría seguir trabajando a las compañías mineras al menos a corto plazo.

En este punto, Valdeón ha afirmado que la Junta de Castilla y León y el Gobierno central están manteniendo conversaciones "al máximo nivel", aunque se encuentran "a la espera" de la contestación definitiva del Ejecutivo central.

La también vicepresidenta y consejera de Empleo ha reconocido que las palabras del ministro habían sido "poco aclaratorias", por lo que ha pedido que exprese "cuándo se puede disponer de ese dinero".

Podemos va a la mina

El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, y otros dirigentes de la formación han visitado hoy las instalaciones de la Hullera Vasco Leonesa en Santa Lucía de Gordón para conversar con los cuatro trabajadores encerrados. Los cuatro encerrados en el pozo Aurelio desde el pasado 13 de junio exigen fondos que permitan el cierre ordenado de la explotación.

Mayoral ha conversado por teléfono con los encerrados, a los que ha transmitido que Podemos apuesta porque mientras se siga quemando carbón dentro de territorio español sea mineral nacional y que su consumo redunde, además, en un aumento del I+D+i que pueda revertir directamente en las zonas afectadas.

"Nuestra apuesta es la transición energética pero sin hacer trampas, y reiteramos que no tiene sentido cerrar pozos cuando se quema carbón y éste no es de las cuencas españolas", ha señalado el dirigente de Podemos.

Elías Ortega, Sócrates Fernández, Álvaro Cuesta y Daniel Garguño iniciaron su encierro para exigir que el Gobierno libere las ayudas al cierre aprobadas por la Comisión Europea al cese de la actividad minera.

El comité de empresa de la emblemática empresa minera leonesa cree que con estas ayudas se podría evitar el expediente de regulación de empleo de extinción previsto en la HVL para finales de julio y que afectará a la totalidad de la plantilla, unos doscientos trabajadores.

En caso de aprobarse la liberalización de las ayudas, la plantilla podrá ampliar sus contratos 36 meses, prorrogables a otros dieciocho. Así, se podría actuar en la explotación de los cielos abiertos de la compañía y aprobar despidos indemnizados, además de realizar un cierre organizado de la explotación, según defienden los sindicatos. También advierten de que una explotación como la Hullera no se puede cerrar de cualquier manera porque tiene abundante agua y mucha acumulación de grisú y habría que tomar las medidas necesarias para evitar los daños medioambientales que pueden provocar un cierre precipitado.

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