El amianto sigue presente en el 14% de la red de abastecimiento de León

maría carnero | león

El fibrocemento, más conocido como amianto, es uno de los materiales de construcción más comercializados en España hasta la década de los 80, cuando las autoridades médicas demostraron que provocaba cáncer con una elevada mortalidad. Esto motivó que su uso quedara totalmente prohibido en España desde el año 2002, a través de un Real Decreto, y que se estableciera un plan para que antes de 2028 se sustituyeran todas las tuberías, techos de uralita y materiales de aislamiento fabricados con este material. De todos modos, pese a su peligrosidad demostrada, la ley no obliga taxativamente a retirar este material, aunque sí responsabiliza a los titulares de la instalación de las consecuencias que pueda provocar tanto en la salud, como en el medio ambiente.

En León son muchas las poblaciones rurales que aún cuentan con tuberías de amianto para el abastecimiento de agua. Esto realmente no supone un riesgo para la salud, ya que el simple hecho de estar en contacto con el amianto no acarrea consecuencias. La situación cambia cuando el contacto es prolongado y se manipula el material de manera que las fibras pasen al aire y sean fácilmente respirables. Esto sucede en derribos, trabajos como el corte, taladro, rotura o cuando el material está muy envejecido.

Por este motivo, la Diputación de León se ha propuesto desterrar definitivamente este material de la red de abastecimiento de la provincia. Lo primero es conocer cuantos kilómetros de tuberías de este material quedan en León. A falta de datos oficiales, la Diputación encargó el pasado mes de mayo al servicio de Análisis y Planificación un informe detallado sobre las tuberías de fibrocemento en las redes de abastecimiento de agua, un trabajo realizado en base a Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales que anualmente realiza la institución provincial, y que se ha completado telefónicamente con los alcaldes y los presidentes de las juntas vecinales de la provincia.

El resultado de este arduo trabajo de campo arroja que la provincia aún conserva un total de 342,6 kilómetros de tuberías de amianto en sus entrañas, lo que supone el 13,7% del total de la red, que suma 2.489,9 kilómetros en toda la provincia.

La sustitución de este material supone un gasto elevado para las arcas de la mayor parte de los municipios afectados. Su retirada, para lo cual se precisa de personal especializado, supone un coste de entre 15 ó 20 euros el metro. Esto significa que para erradicar este controvertido material de la red de abastecimiento provincial se requeriría de una inversión superior a los 6,7 millones de euros.

Muchos municipios han empleado las partidas de los planes provinciales, y en el caso de este año, del nuevo Plan de Infraestructuras y Redes, que supone el reparto de 22,1 millones de euros entre 208 ayuntamientos, para hacer frente a las obras de retirada de este material.

Trobajo del Camino, perteneciente a San Andrés del Rabanedo, es la localidad que suma más kilómetros de tuberías de amianto, con 22,4 kilómetros. Le sigue Villarejo de Órbigo, con 22 kilómetros, Astorga con 20, La Pola de Gordón con 19,6 kilómetros repartidos por todo el municipio, y Benuza con 13.

Las enfermedades que puede provocar este material están relacionadas con el aparato respiratorio, siendo el cáncer de pulmón la más mortal de las que afectan a las personas expuestas al amianto.