Piden cuatro años de prisión para el ex jefe del servicio de Industria

miguel ángel zamora | león

El Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión para Emilio Fernández Tuñón, anterior jefe del servicio territorial de industria de la junta de Castilla y León, al que acusa de un delito de prevaricación medioambiental por haber permitido a Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) explotar a cielo abierto el paraje de El Feixolín entre los años 1988 y 1995 sin contar con las correspondientes licencias urbanísticas y ambientales.

El juicio se celebrará el próximo día 27 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, que obra en poder de este periódico, la fiscal considera que la explotación minera se llevó acabo sin obtener las correspondientes licencias urbanísticas, ambientales, de ocupación excepcional de suelo rústico y sin declaración de impacto ambiental tal como exigían la normativa aplicable, habiendo sido declarada su ilegalidad por diversas resoluciones de los tribunales de lo contencioso administrativo y ordenando a su vez medidas cautelares consistentes en la suspensión de la actividad de la explotación.

Afirma a la fiscal que el acusado era conocedor de los graves daños que se estaban causando al medio ambiente y de la ilegalidad de la explotación «pero no sólo no acordó su paralización efectiva a pesar de ser el órgano competente para ello, sino que permitió la continuación de la explotación al dictar resoluciones administrativas para que se pudiera adaptar los planes a las labores de la misma desde el año 1999».

El paraje de El Feixolín está afectado por varias protecciones medioambientales como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa), está incluido dentro de la Red de Reservas de la Biosfera de la Unesco como Valle de Laciana y se halla afectado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio natural Sierra de los Ancares y el Plan de Recuperación del oso pardo y el urogallo cantábrico.

Problema de medio ambiente

La afectación al medio ambiente de la explotación minera ha supuesto, siempre según la fiscal «una modificación de la morfología original del terreno que será irreversible, una destrucción de suelos y vegetación muy notable y una destrucción de los hábitats sin reversión a muy largo plazo con efectos sobre la fauna que pueden llegar a ser críticos».

Por todo ello se propone para el acusado la pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de 15 años.

La defensa de Fernández Tuñón niega los hechos y afirma que el 10 de diciembre de 1986 fue autorizada por el delegado territorial Gerardo García Merino la ejecución del proyecto de explotación y restauración de El Feixolín, presentada el 8 de enero de 1986. Según el abogado defensor, la autorización fue informada pero sostiene esta parte que fue el Ayuntamiento de Villablino quien por silencio administrativo concedió de facto la licencia «ya que no llego a resolver nunca al respecto», según consta en el escrito de defensa.

Licencia Innecesaria

Considera también el letrado que en el momento de la concesión de la licencia, no era necesaria la declaración de impacto ambiental, puesto que la normativa aún no era de aplicación El letrado defensor afirma que los delitos de los que se acusa a su cliente fueron cometidos con anterioridad a su llegada al cargo y que todas las resoluciones adoptadas por el procesado fueron encaminadas siempre de manera exclusiva al cierre y restauración de la explotación, según refiere el escrito de defensa.