Nueve hábitats de la Red Natura y 86 aves protegidas, afectadas
Uno de los caballos de batalla con el que cuentan los detractores del proyecto es el indiscutible impacto ambiental que supone la construcción de estas dos moles de hormigón de 40 metros de altura sobre dos superficies de 166 y 90 hectáreas, respectivamente, en los que se depositarán 23 y 11,3 hectómetros cúbicos de agua.
Según denunció en su día el Ayuntamiento, el proyecto no tiene en cuenta a las especies vulnerables de la zona, como es el caso de la rana arbórea, o la víbora común, y en el caso de las aves, nada se dice las 86 especies protegidas presentes en la zona, entre las que se encuentra el milano común.
Además, asegura que afecta a nueve hábitats incluidos en la Red Natura 2000, por lo que cuentan con una protección especial para sus especies y ecosistemas, y alerta del posible riesgo de contaminación del agua que se prevé almacenar en las balsas, para consumo humano y agrícola, dada la presencia en la zona inundable de La Rial del antiguo vertedero de residuos urbanos sometido a un proceso de enterramiento en el año 2007.
Otro de los aspectos en el que inciden las alegaciones es la grave afección que las balsas tendrán en el sector servicios de la zona, según reconoce el propio anteproyecto, formado por ocho establecimiento hoteleros, cerca de 30 bares, pubs o discotecas, casi una decena de restaurantes y 40 comercios, cifras que dan una idea de la importancia de estos negocios en la economía local.
A parte de la reducción del suelo agrícola y ganadero con la construcción de las balsas, denuncian que también se verán afectados por el proyecto las zonas destinadas a la extracción de materiales para la construcción.
Otra de las posturas más críticas del proyecto viene de los propios agricultores. Para el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, «no es una obra prioritaria en este momento, por lo que debería ser aparcada». Turrado afirma que lo deseable sería invertir el dinero público en modernizar los regadíos previstos en la provincia. Además sostiene que parte de la inversión prevista deberá ser pagada por los propios agricultores.