El fiscal pide dos años y ocho meses y 14,3 M €

Tras las pruebas periciales, el fiscal mantuvo su petición de 2 años y 8 meses de prisión para Victorino Alonso por un presunto delito contra el patrimonio histórico y el pago de una indemnización al Gobierno aragonés de 14,3 millones de euros por los daños causados. Además, instó al juez a ordenar al empresario a restablecer las afecciones causadas a la zona en la que no actuó la excavadora.

Las acusaciones en nombre de Ecologistas en Acción y de la asociación Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) han mantenido a su vez su petición de 3 años de prisión para el empresario y el pago de una indemnización de 50,9 millones, acorde con la valoración hecha por Vicente Baldellou.

El representante legal de los conservacionistas ha reclamado, asimismo, una condena añadida de 3 años de prisión para el acusado como presunto responsable de daños al medio ambiente. La letrado del Gobierno de Aragón, que sólo concurría en la causa para ejercer la acción civil, ha reclamado a su vez el pago de la indemnización de 50,9 millones.

Por su parte, la defensa, en nombre del acusado, ha solicitado la absolución de su cliente al considerar que no era responsable de la destrucción del yacimiento. Las defensas en nombre de la empresa que gestionaba el coto donde se ubicaba el yacimiento, Fimbas, y de la que llevó a cabo los trabajos, Ferpi, encausadas como responsables civiles subsidiarias en el pago de las indemnizaciones, han rechazado las valoraciones por daños.