Alertan de que la permisividad con las cacerías eleva el riesgo de accidentes

maría carnero | león

Con el inicio de la temporada de caza, especialmente la mayor que aunque ya ha comenzado para el jabalí se iniciará para el resto de las especies este fin de semana, vuelve la necesidad de recordar la conveniencia de extremar las precauciones y de cumplir estrictamente los dictados de la ley para evitar que se produzcan accidentes.

En los últimos seis años, ocho personas han perdido la vida en la provincia, y otras dos resultaron heridas graves, por disparos procedentes de las más de sesenta cacerías que se celebran cada fin de semana en León durante la temporada de caza. Esta importante actividad cinegética supone un riesgo para la también creciente ocupación de los montes que se hace en esta época del año por parte de los recolectores de setas y de castañas, por senderistas y por el público en general que acude a disfrutar de la las bondades de la naturaleza que brinda el otoño.

Por este motivo, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) hace un llamamiento para que desde la Junta de Castilla y León, «se cumpla a rajatabla con la actual normativa cinegética y se intensifique la vigilancia de los montes durante el fin de semana, ya que el 80% de los forestales trabajan de lunes a viernes, mientras que el 20% restante lo hace los fines de semana, que es cuando más se intensifica el trabajo en el medio rural», denuncia el portavoz de la asociación, Esaú Escolar. Del mismo modo, este colectivo apela a la responsabilidad de los cazadores, para que cumplan con las medidas de seguridad y para que extremen la precaución cuando van de cacería. «Muchas veces se caza de oídas, y se dispara sin siquiera haber visto el objetivo, algo que va en contra de la ética cinegética», recuerda Escolar.

Detrás de la mayor parte de los accidentes están, precisamente, los ‘tiros cruzados’ entre los propios cazadores, la incorrecta manipulación de las armas, las balas perdidas y los rebotes, que pueden alcanzar a personas ajenas a la propia cacería como ocurrió en 2012 en la localidad berciana de Folgoso de la Ribera, cuando un vecino que se encontraba recogiendo castañas perdió la vida al ser alcanzado en el abdomen por un tiro procedente de una cacería cercana.

Normalmente si se respetara la normativa, y se tomaran las mínimas medidas de seguridad se evitarían la mayor parte de los accidentes de caza.

El artículo 39 de la Ley 4/96 que regula la actividad cinegética en Castilla y León establece una serie de medidas de seguridad en las cacerías que no siempre se llevan al terreno. Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de contar con un responsable de cacería que se encargue, entre otras funciones, de colocar y desfilar los puestos de caza, y de autorizar los movimientos de los cazadores fuera del puesto, figura que no siempre se tiene en cuenta en la cacerías. Además, según Decreto 32/2015 establece que si el responsable autoriza al cazador cambiarse de puesto debe hacerlo con la escopeta en la funda.

Además, existe mucha polémica con los llamados espacios de seguridad, caminos no asfaltados, vías pecuarias y zonas habitadas, donde no está permitido cazar, y donde los cazadores deben permanecer con las armas descargadas y enfundadas.

El problema, según denuncian los agentes forestales, es que la propia administración facilita a los cazadores utilizar estas zonas para colocar sus puestos si previamente formalizan una comunicación al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que se tramita rellenado un impreso por Internet, y que ni siquiera se contesta a modo de autorización por parte de este servicio. Tan sólo se les obliga a señalizar la zona ocupada y a informar de su ubicación en los tablones de anuncios de las localidades cercanas, «algo que a parte de que no siempre se hace no sirve de nada, por lo que los vecinos que una mañana deciden dar un paseo por el monte, no van antes al tablón de anuncios de su pueblo a ver si hay cazadores o no», comenta Escolar.

«Esta permisiva y errónea interpretación que hace la propia administración de la ley obedece a la presión ejercida por el ‘lobby’ de los cazadores, y por la empresas del sector, que exigen que se agilicen los trámites para la organización de cacerías, lo que en este caso afecta a la seguridad de todos», denuncian.