El presunto asesino de la peregrina pide archivar la causa por detención «ilegal»
Su defensa alegó ayer ante la Audiencia que se «vulneró su derecho a la libertad personal».
Momento de la detención del sospechoso en Grandas. LNE
dl | león
La defensa del acusado por el asesinato de la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem pidió ayer la nulidad de todas las pruebas realizadas después de la detención de su defendido por considerar que esta fue «ilegal» al vulnerarse su derecho a la libertad personal, y ha pedido el archivo de la causa.
El letrado Vicente Prieto hizo esta petición en la celebración de una vista ayer en la Audiencia Provincial de León para la resolución de las cuestiones previas de este juicio que se celebrará previsiblemente el próximo año con un centenar de testigos.
A juicio del abogado defensor, en la detención y posterior tratamiento del sospechoso se vulneraron los derechos a la libertad personal de Miguel Ángel Muñoz, puesto que la detención se produjo «sin pruebas suficientes».
«Entre la búsqueda y la detención pasaron seis meses en los que parece que la Policía había puesto el foco en el acusado desde el día 1, interviniendo incluso su teléfono y su e-mail y durante los que fue sometido a vigilancias vulnerando su derecho a la libertad personal», ha criticado.
Además, el letrado de la defensa ha denunciado que la detención se produjo aprovechando un viaje a Asturias que «fue interpretado como una huida» cuando realmente era «un viaje de vacaciones al terminar el curso, ya que estaba estudiando».
Durante ese viaje, ha afirmado, el detenido se identificó en todo momento con su DNI y publicó fotografías en las redes sociales por lo que «nada indica que hubiera huido», y, por tanto, «la Policía no se puede basar en su huida para justificar una detención».
«Se ha detenido a una persona sin causa legal para hacerlo ya que no había ninguna prueba que justificase la misma, por lo que se debe dar nulidad a todo lo actuado como consecuencia de una detención ilegal», ha recalcado.
Además, ha considerado que se vulneró también su derecho a la asistencia letrada al haber pasado siete horas desde su detención hasta que se comunicó la misma al Colegio de Abogados de León.
Durante ese tiempo, ha asegurado, también se realizaron inspecciones oculares sobre el terreno con la presencia del acusado que en ningún momento estuvo acompañado por un abogado.
Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular han pedido que no se estimen estas cuestiones que ha pedido la defensa porque, a su juicio, no se ha producido tal vulneración de derechos fundamentales ni ha habido indefensión del acusado.
El ministerio fiscal ha recordado que sí había pruebas suficientes para justificar su detención, como el cambio de más de mil dólares a euros fruto de un supuesto robo a la fallecida o el hecho de que el acusado pintó su casa.
Además ha agregado que no se vulneró su asistencia letrada porque se le leyeron sus derechos y el acusado se acogió a su derecho de no declarar.
También ha agregado que en su declaración ante los jueces sí contó con asistencia de abogado.
Para la acusación particular, que conduce el letrado Fernando Rodríguez, la mayor prueba que existe es «la confesión de los hechos por parte del acusado», además de las ya citadas por el fiscal, y ha pedido que sean desestimadas todas las cuestiones que pide la defensa.
Hechos «demasiando graves»»
La acusación particular subraya que los hechos son «suficientemente graves» como para que la causa no pueda ser archivada.
Miguel Ángel Muñoz, de 40 años, fue detenido el 14 de septiembre de 2015 en Grandas de Salime (Asturias) y condujo a la Policía hasta un paraje situado entre las localidades leonesas de Santa Catalina de Somoza y San Martín de Agostedo, donde señaló el lugar donde había escondido el cadáver de la peregrina, a la que confesó que había asesinado.
El detenido era el principal sospechoso desde la desaparición de la peregrina estadounidense, de 41 años, ocurrida el 5 de abril de 2015, debido a que la Policía tenía conocimiento de que había cambiado por euros en una entidad financiera de la comarca una cantidad ligeramente superior a los mil dólares, que posteriormente se comprobó que había robado a la víctima.