Asturias se suma a la reclamación judicial de los convenios Miner
El Gobierno de Asturias acudirá de nuevo a los tribunales para reclamar al Gobierno central 21,5 millones de fondos mineros correspondientes a 20 actuaciones ya ejecutadas e incluidas en el recurso interpuesto por el Ejecutivo autonómico en 2013, que se resolvió con una sentencia favorable.
El Consejo de Gobierno autorizó ayer la interposición de varios recursos contencioso-administrativos contra la desestimación, por silencio administrativo, de los recursos de reposición presentados contra las resoluciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), de 15 de febrero y 24 de mayo de 2016, que declaran la pérdida del derecho al cobro de las ayudas concedidas para la ejecución de 20 proyectos de fondos mineros. El Principado se suma así a la postura tomada por la Junta de Castilla y León de reclamar vía judicial los convenios que el Gobierno ha rechazado pagar.
Según informa el Principado en un comunicado, se trata de convenios incluidos en la sentencia de 28 de octubre de 2013 que daba la razón al Principado en sus planteamientos. El fallo estimó parcialmente el recurso contencioso interpuesto por el Ejecutivo autonómico ante la inactividad administrativa de Industria, que no cumplió las obligaciones económicas resultantes de la ejecución de los convenios suscritos con el Gobierno de Asturias.
La sentencia instaba al ministerio a «determinar, en cada caso, las incidencias que concurrieran en la ejecución de los convenios de colaboración litigiosos, con la identificación de los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que en su caso procedieran, previa audiencia al Principado de las alegaciones y subsanación de las posibles deficiencias apreciadas».
El Gobierno central inició el análisis de los 57 convenios del citado recurso y, posteriormente, en febrero y mayo de este año, emitió sendas resoluciones en las que determina la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones destinadas al Principado para 20 actuaciones. Los recursos de reposición dek Principado, desestimados por silencio administrativo, originan ahora un nuevo litigio en los tribunales.