CHD advierte de que unos 300 pueblos incumplen la norma sobre depuración
Las estaciones de tratamiento de toda la provincia deberían haberse terminado en 2015.
A. Domingo | León
Parte del medio rural leonés es la asignatura pendiente en materia de depuración de aguas. Se trata de los núcleos de población más pequeños, según explicó ayer el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CDH), Julio Pajares Alonso, presente ayer en la jornada ‘Escuela de Ríos’, dirigida a los ayuntamientos leoneses con el fin de divulgar la normativa referida al dominio hidráulico y calidad de las aguas.
Pajares Alonso explicó que el 80% de la carga contaminante de la provincia ya se somete a depuración, mientras que el 20% restante se vierte sin tratamiento. Esta ratio corresponde «a un montón de entidades locales y ayuntamientos pequeños que carecen de depuración y, por tanto, incumplen la normativa europea» al respecto. El comisario de aguas recordó que, en su día, la Junta de Castilla y León y el entonces Ministerio de Medio Ambiente «firmaron un protocolo para acometer las depuradoras que faltaban». El documento se rubricó en febrero de 2010 y marcaba el 31 de diciembre de 2015 como fecha de finalización de las últimas instalaciones. Sin embargo, aún «quedan alrededor de 300 pequeñas depuraciones por acometer», apuntó.
Mantenimiento accesible
Julio Pajares manifestó la preferencia del organismo de cuenca y de otras administraciones —como el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama)— por la puesta en servicio de instalaciones «con un bajo coste de mantenimiento, para que estos pequeños municipios puedan asumir su coste» y cuya efectividad está ya probada frente a otro tipo de estaciones.
Con respecto a una posible sanción de la Comisión Europea (CE) por el incumplimiento de la normativa en calidad de aguas, apuntó la posibilidad de que se abra un expediente sancionador a España si pasados unos años de la fecha límite —final de 2015— se mantuviera la situación y señaló que Europa ya ha sancionado al Gobierno por no cumplir los objetivos en municipios de más de 15.000 habitantes. En este caso concreto, el organismo de cuenca y de la Junta de Castilla y León han cumplido las previsiones, por lo que la Comunidad no ha sido la causa del expediente.