El sector micológico, el primero del país en tener una regulación integral

maría carnero | león

La Junta de Castilla y León acaba de sacar a audiencia e información pública el proyecto de decreto por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León.

Se trata de un documento pionero a nivel nacional ya que pretende una regulación integral del recurso en todos sus aspectos, desde la conservación, hasta el aprovechamiento, la recolección, el transporte, la comercialización, el consumo y su repercusión turística. Es tanta la capacidad de este decreto que en él han trabajado cuatro consejerías. La de Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Turismo y Sanidad. «No hay que olvidar que se trata de un recurso forestal, con un alto interés culinario y turístico, pero un alimento que debe contar con todas las garantías sanitarias», apuntan fuentes de la Dirección General de Medio Natural.

Las regulaciones micológicas llevadas a cabo hasta ahora tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas tan solo afectan a la recolección del recurso, cuando la mayor parte de los problemas surgen en la comercialización. Aunque la base para garantizar la seguridad alimentaria en la comercialización de las setas ya está amparada en un Real Decreto aprobado por el Gobierno central, el nuevo texto de la Junta de Castilla y León pretende ir más allá, ya que persigue garantizar el recurso e intensificar los controles para que el producto micológico llegue adecuadamente al consumidor, ya que no hay que olvidar que muchas de las setas que se recolectan pueden ser tóxicas. «El objetivo es que no entren al circuito comercial setas que no estén clasificadas por personal experto», explican desde Medio Natural.

Otro de los aspectos que se regulará con este decreto es el de la compra-venta del producto micológico, ya que aunque un porcentaje muy alto de los recolectores son aficionados, otros tienen una clara intención comercial, por lo que se incidirá en la obligación de exigir una profesionalización de la actividad y en el correspondiente registro sanitario.

La Junta de Castilla y León también se ha propuesto en este decreto proteger los derechos de los propietarios de los terrenos y darles una seguridad jurídica. «Todo el campo en este país tiene dueño y nadie puede recoger setas si el propietario no se lo permite», inciden desde la Consejería de Medio Ambiente.

La regulación de los terrenos es uno de los aspectos más costosos y en el que más se ha trabajado, sobre todo en provincias como en León donde debido al enorme potencial micológico hay muchas hectáreas por regular.

Por eso se ha recurrido a un sistema de acotados micológicos, que en ningún caso será realizado por la administración autonómica, si no que deberá ser el propietario el que solicite la constitución de un coto. Este sistema tiene unas exigencias mínimas, no como ocurre con los destinados a la caza, y tampoco tiene límites, ni siquiera territoriales, ya que se pueden acotar desde fincas pequeñas hasta grandes latifundios, con uno o varios propietarios.

También se deja libertad al propietario para que en su coto sea necesario expender permisos o no.

En los permisos se establece la obligación de identificar el recurso a recolectar, las fechas en las que se puede actuar, si se pueden comercializar o no, tasas etc.

Si el propietario no se decanta por el sistema del acotado también puede hacer una reserva, o lo que es lo mismo, un aprovechamiento episódico. Eso significa que si el propietario no especifica ninguna exigencia ni instala ningún tipo de señalización en su territorio la gente puede recolectar libremente hasta un máximo de tres kilos, algo que deberá ser controlado por los agentes forestales de la zona, por la Guardia Civil o por los propios propietarios. En este caso, el producto recolectado no se podrá vender y su destino sólo será el autoconsumo. «Nadie se puede luchar de un beneficio que es de otro», remarcan desde la Junta.

El otro objetivo del decreto es aprovechar el valor turístico que despierta, por eso se tratará de impulsar los llamados parques micológicos, zonas de más de diez mil hectáreas fomentadas por la Junta de Castilla y León pero también solicitados por parte de los propietarios. La única condición establecida es que el acceso será público y se concederán los permisos en un portal de Internet, donde los usuarios puedan tramitarlo. Deberán contar con un plan de aprovechamiento micológico, realizado desde una base científica para proteger el recurso, y facilitar el acceso a las asociaciones micológicas para que realicen sus estudios y trabajos de divulgación sobre el terreno. También tienen que establecer un sistema por escrito de distribución de beneficios.

El objetivo de fomentar estos parques es la de constituir una red micológica de Castilla y León, para vender la riqueza micológica de cada zona y atraer a todos los amantes de las setas.

Comercialización

Sobre la comercialización el decreto no aporta importes novedades, ya que este aspecto ya está regulado por la normativa nacional. En este caso será la Consejería de Sanidad la que se encargue de los permisos sanitarios. En cuanto al transporte de lo recolectado se ponen unas condiciones mínimas ya que no hay que olvidar de que se trata de un alimento para el consumo humano. Por eso hay que contar con un permiso específico para transportar a partir de los diez kilos de producto micológico y hay que tener justificación documentada de la procedencia de las setas, así como los papeles de la compra-venta. Sobre este asunto hay que recordar que ya hay establecidas importantes sanciones reflejadas tanto en las leyes de Sanidad como en la propia Ley de Montes.

Este es uno de los temas quizás más importantes de la regulación micológica, ya que de lo que se trata es de acabar con los continuos episodios de furtivismo que se detectan tanto por parte de los agentes forestales de la Junta como del Seprona de la Guardia Civil.

Una vez que este proyecto supere el plazo de información pública y audiencia a interesados, se estudiarán todas las alegaciones recibidas, se incorporarán aquellas que se considere oportuno, y tras pasar los correspondientes informes, se aprobará para que entre en vigor la próxima campaña