Exigen que las eléctricas no repercutan las tasas de las pedanías a los vecinos
La ley da al Gobierno la potestad de establecer suplementos territoriales en la factura de la luz.
Torretas eléctricas en el municipio de Villagatón-Brañuelas. JESÚS
A. Domingo | Redacción
La pelea legal entre las compañías eléctricas y los pueblos que tratan de imponer tasas a las líneas de distribución por el aprovechamiento de los montes públicos no parece que tenga final con las recientes sentencias del Tribunal Supremo en las que reconoce el derecho de las entidades locales al cobro por el aprovechamiento. Y, así, ante la legislación sectorial, que da la posibilidad al Gobierno de permitir que las compañías recuperen el gravamen mediante suplementos territoriales allí donde se apruebe el gravamen, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores anunció ayer que promoverá un ‘pacto eléctrico’ que impida una normativa para rebajar las tasas o que éstas se repercutan en los consumidores.
La federación aseguraba ayer en un comunicado que tras las sentencias «el lobby eléctrico» ha reaccionado intentado «modificar el régimen de tasas [...]. Así, Red Eléctrica de España (REE), la empresa más afectada, ya solicitó al ministro Montoro la reforma de la Ley de Haciendas Locales para unificar las tasas municipales». Esta estrategia obedece, señaló la federación a la máxima «si los jueces aplican la ley en tu contra, cámbiala».
El segundo frente que abren ahora es «intimidatorio» y trata de disuadir a las entidades locales de la aprobación de las ordenanzas fiscales y empiecen a cobrar a las eléctricas. Agotado el frente judicial, con los recursos contra los impuestos locales que han llevado años de litigios con los gastos que conllevan, «quieren rescatar una vez más la figura de los suplementos territoriales», que contemplan los artículos 16 y 17 del Sector Eléctrico y habilitan al Gobierno «a repercutir en los consumidores de los territorios que impongan tributos sobre el transporte y distribución de la electricidad».
«La letra pequeña»
El comunicado afirma que las eléctricas «históricamente han controlado la normativa del sector», de manera que «siempre dejan en la letra pequeña de las leyes cláusulas para la protección de sus intereses». Los artículos referidos deja en manos del Ministerio de la Presidencia «la competencia para decidir, a propuesta de los ministros de Hacienda y de Energía, si los tributos que impongan las comunidades autónomas, los municipios o las entidades locales menores se repercuten a los consumidores de electricidad de esos territorios».
La federación recuerda que Castilla y León implantó en 2012 un impuesto autonómico por «la afección ambiental» de las líneas de alta tensión de más de 220 kilovatios, «ocupen dominio público o no». La tasa es de 700 euros por kilómetro. Otro antecedente es «la tasa especial del 1,5% (conocida como tasa palomillas) sobre la facturación bruta de las compañías de distribución en cada municipio». En este caso se tributa por ocupación de la vía pública y «nunca se ha repercutido localmente sobre los usuarios».
Las tasas de las juntas vecinales supondrían un 0,45% del total del coste de la actividad de transporte y distribución eléctrica, cuya retribución supera los 6.7000 millones de euros anuales, según la federación leonesa, que acusa a las compañías de incoherencia por invertir cifras millonarias en publicidad sobre sus actuaciones medioambientales, peno no reconocen «el deber de pagar una mínima parte por el aprovechamiento que hacen de los montes públicos».
La federación pide un acuerdo de todos los grupos políticos «para que exista seguridad jurídica en el cobro de estas tasas, que son tan necesarias para los pueblos que sufren en sus montes el impacto negativo de estas infraestructuras imprescindibles para todos», en especial para ciudades y núcleos industriales. Además, solicita el esfuerzo conjunto del Gobierno central, la Junta de Castilla y León, la Diputación y los ayuntamientos, con el objetivo de que las tasas se empiecen a cobrar este año.