MEDIO NATURAL
León alcanza los mil montes de utilidad pública y se pone a la cabeza de España
Con 577.000 hectáreas, la provincia representa el 36% de la superficie de Castilla y León
Uno de los bosques de la provincia.
dl | león
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el pasado 1 de marzo la Orden FYM/101/2017 de Declaración del Monte de Utilidad Pública número 1.000 de la
provincia de León, llamado Campo de Valle perteneciente a la localidad de Valle de Vegacervera, con una superficie de 188,30 hectáreas.
De esta forma León consolida su posición como la provincia con mayor superficie de Montes de Utilidad Pública de toda España, con 1.000 montes y más de 577.000 hectáreas. Sólo tres comunidades autónomas, además de Castilla y León, tienen mas superficie de Montes de Utilidad Pública que la provincia de León. Son Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha.
Según el Colegio de Ingenieros de Montes en Castilla y León, dentro de Castilla y León la superficie de MUP de la provincia de León es el 36% del total regional. La siguiente provincia en número y superficie de Montes de Utilidad Píblica es Burgos, con 704 montes y 312.000 hectáreas. Castilla y León tiene en total 3.513 Montes de Utilidad Pública que ocupan casi 1.800.000 hectáreas. La figura del Monte de Utilidad Pública ha garantizado durante más de siglo y medio la persistencia de las principales áreas forestales españolas. Su origen arranca de las sucesivas oleadas desamortizadoras del siglo XIX, cuando el Estado subastaba los montes de los pueblos para obtener financiación. A raíz de la decidida intervención del entonces recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes se pudo detener la venta de los montes de mayor importancia ecológica, que de otra forma habrían sido subastados al mejor postor, generalmente para su roturación. Esos montes pasaron a integrar los Catálogos provinciales de Montes de Utilidad Pública, formados exclusivamente por montes cuyo titular es una entidad pública, casi siempre un Ayuntamiento o una Junta Vecinal.
Un régimen específico
Las leyes forestales han dotado a estos montes de un régimen de protección muy eficaz. Estos montes no pueden ser embargados ni vendidos, y no son urbanizables. Para descatalogarlos es necesario justificar la pérdida de su función de utilidad pública y además una Orden de la Junta de Castilla y León.
La gestión y vigilancia de estos montes está encomendada a la administración regional, lo que permite que cuenten con medios técnicos y agentes medioambientales inasumibles para las entidades locales.
Cualquier uso o aprovechamiento en ellos requiere una doble conformidad, la de la entidad propietaria y la de la administración autonómica. Este sistema evita que se produzcan abusos por cualquiera de las dos partes implicadas.
Por último, el Colegio de Ingenieros de Montes en Castilla y León recuerda lo que considera «una previsión legal muy importante para la conservación de todos estos montes», y es que el 15% de todos los ingresos que se obtienen con su paorvechamiento debe ser reinvertido en ellos.